El código penal de cada país fija taxativamente los actos que no pueden cometer las personas porque van en contra de la convivencia en sociedad. Y a los funcionarios públicos les establece otras prohibiciones adicionales además de las generales, para que la administración del Estado no se descarrile con delitos que solo cometen esos servidores en cualquiera de sus niveles, como peculados, celebración indebida de contratos, entre otros. Toda la comunidad se blinda así evitando cualquier atentado a su estabilidad.
La Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la Nación son las entidades encargadas por la misma Constitución Nacional para la vigilancia de las actuaciones de los funcionarios públicos. La primera efectúa la investigación preliminar que luego, si encuentra posibles violaciones a la ley penal, la traslada a un juez de esa jurisdicción para que prosiga con el proceso hasta la sentencia, que puede enviar a la cárcel a los imputados como posibles delincuentes. La segunda es la encargada de establecer si los funcionarios públicos han incumplido con sus tareas o han abusado de su autoridad, sancionando también esas irregularidades con destitución y llegando inclusive a prohibirles ejercer cualquier empleo público. Se supone, pues, que las conductas de esos funcionarios de cualquier nivel están doblemente vigiladas, tanto en su carácter de tales como en el de simples ciudadanos.
La semana pasada se conoció la noticia de que la administración de nuestras empresas de servicios públicos ha vuelto a las manos del municipio, después de varios años -muchos diría yo- en los que ese manejo estuvo a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos, como consecuencia de un pésimo trámite de sus intereses por parte de las directivas. Se supone que quien maneja dineros públicos adquiere por esa misma causa el calificativo de funcionario ídem, pero existen ciertas actividades como las de los notarios que siguen con su estatus de personas naturales aunque reciban emolumentos por su trabajo, que es calificado un servicio público. Pero el informe no indica cuántos y cuáles de esos empleados municipales que incurrieron en tan malos manejos de nuestro principal patrimonio… están presos pagando por sus delitos.
Porque esas irregularidades, por las cuales se llegó a esa situación, atentaron contra los mandatos del código penal de Colombia pues originaron pérdidas de miles de millones de pesos. Eso se llama detrimento patrimonial, que camina… “por el filo” de los delitos. Y uno recuerda con nostalgia la época en que mencionar el nombre de las Empresas Municipales de Cartago producía orgullo, porque fueron consideradas entre las mejores de todo el país y sus gerentes eran más importantes que los alcaldes de turno. De su junta directiva participaban cartagüeños de cepa, para los cuales manejar ese tesoro era toda una dignidad. Pero nos descuidamos y dejamos que llegaran al mando de nuestra ciudad y de esa institución sujetos que, con sus actitudes, demostraron lo que realmente son.
Los amables lectores (no sé si cientos o miles, ignoro ese dato, pero deben ser más de los parientes y amigos que dejan el dedo parado de “me gusta” en la historia o en la pared de mi facebook) me excusarán si “litigo” con este artículo en causa propia pero -por eso mismo- el conocimiento personal de unos hechos aberrantes los puedo exponer como un “pequeño” ejemplo del chanchullo. En pocas palabras, fue así: hace varios años y de un mes a otro me llegó un cobro de más del 100% por aumento del servicio de energía eléctrica, sin haber comprado un mero bombillo de más. Hice el reclamo, revisaron el contador y los electrodomésticos en mi apartamento y dictaminaron que funcionaban bien. Pero al mes siguiente el exagerado cobro se repitió y al protestar por escrito, me contestaron que lo habían vuelto a analizar y que sí estaba dañado, que exigían el cambio.
Nunca se hizo eso porque… se arregló solito. Pedí que me devolvieran los seis meses que había pagado en exceso, me reconocieron dos de ellos pero no más, aunque reclamé el derecho a la igualdad por haberme devuelto al menos ese par, lo que fue en la práctica un reconocimiento de su error. La Superintendencia respectiva -ante la cual acudí por escrito y también en el bus que estacionaban en el Parque de Bolívar para que los ciudadanos dejaran sus quejas- se hizo la de la vista gorda. Duró meses para contestarme. Volví a inquirir a quejas y reclamos de EmCartago y me dijeron que como no había vuelto a protestar entendieron que yo estaba ya satisfecho, cuando lo que esperaba era la respuesta de la Super. Y como no sirvo para insistir hasta el ruego, a pesar de que la razón legal estaba de mi parte… dejé las cosas de ese tamaño. Medio millón de pesos me sacaron prácticamente del bolsillo. Imagino que mi caso fue apenas uno de muchos. Multipliquemos… y concluiremos que el robo es más grande que el aparecido en el informe de esta semana.
Coletilla: Y mientras en Cartago la Superintendencia de Servicios Públicos devuelve a la administración municipal la responsabilidad del manejo de su empresa de servicios públicos, después de años y años de alcahuetear los malos manejos, la Contraloría General de la Nación acusa a varios alcaldes de Medellín y gobernadores de Antioquia de responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial en la represa de Hidroituango, cuyo diseño, construcción y manejo tuvieron graves irregularidades. La diferencia es que aquí no intervino ninguna de las ías, a nadie se ha sindicado de nada y solo falta… que aplaudan a los que en algún bolsillo debieron meter lo que sacaron de allá. Porque el detrimento en el patrimonio significa que se perdieron unos billeticos.
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