Una preocupante situación ambiental y judicial se ha desatado en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, tras revelarse una red de comercialización ilegal de guadua y otras especies de madera extraídas de una zona forestal protectora en inmediaciones del río La Vieja. La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación en conjunto con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, destapó una operación a gran escala que afecta directamente a los recursos naturales del país.
Durante diligencias realizadas en tres establecimientos de comercio implicados, las autoridades hallaron 29,41 metros cúbicos de guadua, cedro rosado y mangle, además de abundantes elementos materiales probatorios que evidencian la actividad ilícita que allí se realizaba. Estas maderas, consideradas especies protegidas, eran extraídas sin permisos y puestas a la venta sin cumplir con los requisitos legales exigidos para su comercialización.
Entre los implicados se encuentran propietarios y administradores de los locales investigados, quienes fueron capturados en flagrancia y serán procesados judicialmente. Según indicó la Fiscalía, los detenidos serían responsables de recibir y distribuir madera extraída de zonas de reserva forestal, sin contar con registros de cámara de comercio, permisos ambientales, ni ninguna clase de licencia para el aprovechamiento forestal, violando así la normatividad vigente.
A raíz de estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los capturados el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, una conducta tipificada en el Código Penal colombiano y sancionada con medidas privativas de la libertad.
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Cabe recordar que la guadua cuenta con protección especial en el municipio de Cartago, por lo que su tala y comercialización están prohibidas, a fin de preservar este recurso que cumple funciones esenciales en la protección del suelo, la conservación del agua y la estabilidad de los ecosistemas locales.
Pese a la imputación, los procesados no aceptaron los cargos y seguirán vinculados a la investigación en curso, mientras las autoridades continúan realizando labores de seguimiento y vigilancia en la zona para prevenir nuevos casos de deforestación ilegal.
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