En el artículo pasado aludí a las diferencias fundamentales entre la izquierda y la derecha políticas, que otros comentaristas consideran como conceptos ya superados, pasados de moda y que lo imperante son los populismos de ambas tendencias. Creo que no es así y la prueba está en que la salud y la educación se disputan la atención de los dirigentes como prioridades en sus propuestas, exigiendo unos que sean responsabilidad de los particulares; y los otros, solo del Estado. Eso demuestra que siguen vivos y coleando los partidos que se denominan con estos términos.
Este mismo portal publicó el fin de semana pasado la noticia de que hasta el 5 de marzo estaría vigente el Sisbén III y se iniciará el Sisbén IV. Es oportuno, pues, el momento para recordar y hacer una corta historia del cómo y porqué apareció en la escena de los actos gubernamentales este intento de solución a uno de los asuntos más importantes de toda organización humana, como lo son su salud física y mental. Hace casi dos décadas y después de un duro debate en el Congreso, el entonces senador Uribe Vélez logró recoger los votos necesarios de sus colegas para entregarles la salud a los particulares, siguiendo el ejemplo chileno, acabando así con el Instituto de Seguros Sociales que atendía ese frente y, que por lo demás, estaba ya muy desacreditado por los sucesivos malos manejos, lo que facilitó semejante voltereta.
Con la vuelta al poder de las tendencias de izquierda -la social democracia- al interior del Partido Liberal, en el gobierno de Ernesto Samper Pizano se logró la separación en dos partes bien diferenciadas la atención del servicio de salud, estableciendo los subsidios a los ciudadanos que no tuvieran cómo sufragar las cuotas exigidas para esos efectos -es el caso de los desempleados- y los que sí podían cumplir con las obligaciones requeridas para la medicina prepagada que ampararan sus futuras necesidades. La primera es la que atiende el Sisbén (Selección de Beneficiarios para Programas Sociales que, como este nombre lo indica, puede abarcar otros aspectos además de la salud) y que, en sus varios años de vigencia, ha tenido un aceptable desempeño en todo el país. Pero como en esta Locombia “hecha la ley… hecha la trampa”, las bases de datos de este sistema están plagadas de personas que se colaron y no necesitan esta ayuda a la atención de sus servicios de salud. Y es por esto que se decidió depurar esas listas, que tienen hasta el momento 23.5 millones de ciudadanos, dando un paso adelante en la vigencia de esta prioridad social. Para ello se harán encuestas, pues de lo contrario se sale del sistema del Sisbén.
Desde 2011 no se actualiza esa base de datos y fue en 2018 que se comenzaron a adelantar las encuestas para el cambio de la metodología. Antes se clasificaba de cero a cien, pero ahora se hará por categorías, que serán cuatro: en la A estarán las personas que se encuentren en pobreza extrema; en la B, las que tengan una pobreza moderada; la C, para lo que llaman pobreza multidimensional, o sea con múltiples carencias; y por último la categoría D, personas no pobres, definición que no se entiende bien, pues el sistema es para quienes sí lo son. Se debe hacer la solicitud de la encuesta en las oficinas del Sisbén del respectivo municipio, sin ningún costo. El encuestador irá a la vivienda y aplicará la encuesta, lo cual es apenas lógico pues se trata de establecer in situ la verdadera condición económica y social del solicitante. Sobra decir que la información se supone dada bajo juramento y se utilizará para calcular el puntaje al que tiene derecho el encuestado.
Un asunto colateral a este es la actual situación de las E.P.S. En Cartago la prestadora de salud que acoge a la gran mayoría de los beneficiados del Sisbén es “Barrios Unidos”, en líos con la justicia pues la anterior gobernadora le pidió al gobierno nacional cancelarle la licencia de funcionamiento (al menos en este departamento) alegando un pésimo servicio. La realidad es que otras entidades similares y que también tenían a muchas de las personas sin recursos para atender sus necesidades en la salud, se retiraron por falta de presupuesto y sus usuarios se trasladaron a la ya mencionada, colapsando sus servicios que hasta ese momento eran aceptables. “Barrios Unidos” presentó una tutela, espera que la justicia la resuelva y mientras tanto los enfermos pagan las consecuencias de este trancón.
Conclusión: la mitad de los colombianos tienen Sisbén, o sea que todavía hay en este país un Estado Social de Derecho… a pesar de los esfuerzos de la derecha por destruirlo. Los empresarios deben dedicarse a lo que saben -crear empleos-, pero la solución de las necesidades básicas más fundamentales, como la salud y la educación, deben ser responsabilidad absoluta de los gobiernos.
Coletilla 1: Los medios de comunicación hacen eco de la preocupación por la lentitud en las aplicaciones de las vacunas. Hay más de 500 mil en las bodegas y solo se han utilizado un poco más de 200 mil. Los grandes empresarios reunidos en la Andi han solicitado que se les permita participar en este proceso, comprando ellos vacunas y responsabilizándose del proceso de su manejo. El ministro de salud les respondió que digan cómo lo harían. Y mientras, 372 de esos medicamentos se dañaron en Bogotá porque se rompió la cadena de frío. La buena noticia es que, sin vacunas, continúa la baja en los contagiados y fallecidos.
Coletilla 2: Las vueltas que da la vida. La última encuesta de Invamer le da más favorabilidad a Santos (42%) que a Uribe (35%) y a Duque (36%). Y entre los precandidatos a la presidencia de la República, Humberto De la Calle marca 54% de preferencia, Galán 46%, Fajardo 39% y la vicepresidenta 32%.
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