Me viene a la mente lo que una conferencista decía hace muchos años en una de las aulas de mi Alma Mater, rebatiendo la afirmación de que los colombianos no ahorraban. Si, si lo hacen afirmaba categóricamente. Y con gran fuerza, dedicación y sacrificios. Lo hacen tratando de adquirir su bien más preciado: su casa. El bien que en la mayoría de los países capitalistas generalmente representa el más costoso en proporción a sus ingresos.
Cuando se promueve la idea de apalancarse en ella para tener un ingreso con similitud a una pensión para los poseedores plenos mayores de 65 años vale la pena hacer algunas consideraciones. La primera es que de los 50 millones de habitantes actuales en Colombia, según el DANE, alrededor del 10% (5 millones) es mayor de esta edad, de los cuales solo un 28% (1,4 millones) tienen pensión y en cambio el 67% (3,35 millones) de estos adultos mayores de 65 años si tienen vivienda propia. Razón tenía la expositora y muchos la han conseguido con préstamos e intereses bancarios.
Pues bien ahora el gobierno le propone a estos propietarios adultos mayores carentes de ingresos o necesitados de ellos de usar su propiedad, continuando con su usufructo, como garantía para obtener recursos, previa valoración del bien, solicitando y recibiendo voluntariamente un préstamo sobre la misma en la modalidad que se defina de 3 opciones: renta única en un solo pago, renta vitalicia mensual hasta su muerte, o renta programada mensual por un periodo establecido según su esperanza de vida. En cada caso el valor dependerá fundamentalmente del avalúo, la edad de los solicitantes y la modalidad escogida. Los hipotecantes propietarios mayores de 65 años, continúan usando el bien o rentándolo, hasta la muerte de los mismos. Si hay herederos tendrán la opción de pagar el valor entregado más los intereses causados. De lo contrario la entidad prestamista puede reclamar su titularidad al cabo de 6 meses.
Hasta acá salvo situaciones inesperadas, me parece bien para aquellos que no tienen ni tendrán otra opción de ingresos para sobrellevar sus últimos años de vida con algo de dignidad, a pesar de lo polémico del asunto. Recuerdo haber aconsejado principalmente a trabajadores independientes auto pensionarse adquiriendo en lo posible propiedades y vivir finalmente de sus rentas, mas cuando del aporte (16% del IBC), solo el 11.5%, se carga al afiliado. Pero con el método de la hipoteca inversa hay un actor que puede sacar muchas ventajas: los bancos que no se han caracterizado por su sentido social. Y no lo dudemos, empezando por el avalúo de la propiedad, que seguramente les interesará basarse en un valor menor como el catastral y alto interés, además de evitar la selección adversa. Aspectos que el gobierno debe regular y controlar muy bien e incluso me inclino a que el actor principal prestamista debe ser una entidad social del Estado o en su defecto el Fondo Nacional del Ahorro y con doble asesoría a los hipotecantes y posibles herederos. Los bancos son los únicos que compran bienes o prestan (venden dinero), sin usar sus propios recursos, usan el dinero de sus ahorradores e incluso los del mismo cliente.
El sistema pensional colombiano es otro factor de gran inequidad en nuestro país, donde actualmente compiten el público o Régimen de Prima Media RPM de Colpensiones y el de los fondos privados o Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, RAIS, creado con la ley 100 de 1993, donde la pensión depende del capital ahorrado en cada cuenta personal. Actualmente unos 8 millones de trabajadores aportan a pensión y se estima que solo uno (1) de cada diez (10) logrará obtenerla en las condiciones actuales al llegar a la edad de 57 años (mujeres) y 62 (hombres) después de haber cotizado las semanas exigidas. La cobertura y exclusión es lamentable y la inequidad vergonzosa. La alta informalidad laboral, la inestabilidad en el empleo y los grandes problemas causados por la pandemia actual agravan la situación, haciendo cada vez más lejana su concreción.
Según el Ministerio de Trabajo a 2020 hay un total de 2.380.423 personas reportadas como pensionados y alrededor del 80% son de 1 a 2 salarios mínimos. Las altas pensiones propias de los parlamentarios, magistrados y altos funcionarios del Estado, donde aún hay pensiones superiores a 25 salarios mínimos mensuales a pesar del acto legislativo 01 del 2005 que le puso ese techo, resalta la inequidad aunado a que las pensiones más altas reciben el 80% de los subsidios del Estado en comparación con las más bajas que escasamente llegan al 2%.
Estas situaciones y el alto costo que le representa al Estado, adicional a lo percibido por las cotizaciones, ha puesto reiteradamente sobre el tapete la necesidad de una reforma pensional más justa e incluyente. Mientras tanto creo acertado poner a disposición de los verdaderamente necesitados, con las debidas garantías de trato justo y voluntario, esta posibilidad hipotecaria que le puede convenir por ejemplo a quienes no tienen herederos o sufrieron el abandono de los mismos y solo esperan resignados en medio de sus penurias mejorar su calidad de vida o incluso preservarla gracias al ahorro representado en su bien más preciado conseguido seguramente con dedicación, esfuerzos y sacrificios, como lo decía la conferencista recordada.
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