Cerritos: resguardo quimbaya

Cerritos fue resguardo indígena concedido por Pedro Bolaños, gobernador de Popayán y entregado a los quimbayas por el alcalde de Cartago, Jacinto Medina, el 20 de octubre de 1715. Le devolvieron pues a lo que iba quedando de la etnia autóctona, el dominio de lo que se llamó -con sonoro nombre de reminiscencias quimbayas- Pindaná de los Zerrillos. Siempre me he preguntado el porqué del plural, cuando lo que se ve es un solitario morro al pie de la vía que se llamó El Camino del Privilegio.

Parece que este paraje era un santuario indígena antes de la llegada de los españoles y el otro “zerrillo” -que no se ve desde la carretera y que desde ciertos ángulos tiene una increíble forma cónica perfecta-, está en la margen derecha del río De la Vieja -en “La Hoya”- y se llamó Tarambulí, nombre que ya casi nadie recuerda, no obstante que allí funcionaron las antiguas plantas de energía eléctrica de Cartago.

El 11 de noviembre de 1809 se efectuó el deslinde del resguardo ante el alcalde de Cartago, José A. Mazuera, quien el 31 de octubre del mismo año había comprado sus derechos, en disputa desde hacía 90 años (casi desde su creación), cuando el entonces propietario de la hacienda “Chapas”, Carlos Andrade, comenzó el litigio por esos linderos. El gobernador del resguardo, Manuel Piquimbo, no asistió “por sus ocupaciones” (¿Amangualado con Mazuera? ¿Miedo de enfrentarse con él? ¿Desengaño, desilusión? ¿Todas las anteriores?).

Pero el 3 de septiembre de 1874 las autoridades de Cartago -en donde quedaba “Pindaná de los Zerrillos”, porque Pereira era solo una aldea-, Manuel G. Camacho, Jefe de la Provincia del Quindío y el alcalde Eudoro Zapata abolieron el último resguardo quimbaya y la propiedad de esa “legua en cuadro” -de a 50 cuadras de 100 varas castellanas-, en el caserío “La Paz” (hoy también extinguido) pasó a la instrucción primaria del distrito de Cartago. El 28 de septiembre del mismo año, el “Ciudadano Presidente” del Estado Soberano del Cauca aprobó esta decisión y el 26 de octubre ya estaba inscrita la escritura que protocolizó este hecho. O sea, que aquí la ley… ni siquiera cojeó.

No valieron las pretensiones de, entre otros, Pablo Gordillo, esposo de Micaela Rivera Utima; ni las de Beatriz y Segundo Rivera Utima; de Bernabé Gómez, esposo de Avelina Rivera Utima; de Manuel Durán, padre de Juan Jorge y María Francisca Durán Hernández, quienes alegaron ser descendientes de los quimbayas. (Utima, precisamente, fue uno de los 74 caciques, al igual que Consota, Convita, Pindaná, Tacurumbí y la cacica Ague, mencionados por Friede).

Con testimonios de apenas tres ciudadanos, pero muy cartagüeños (y muy de la “tercera edad”): Manuel José Feijoo Sánchez, Faustino Ladrón de Guevara -había vivido en “La Paz”- y Jerónimo Del Castillo, quienes dijeron -luego de manifestar ser católicos, apostólicos y romanos, hacer el juramento y la señal de la cruz- que desde hacía más de 30 años no existía la parcialidad indígena y no conocieron un cabildo de esa etnia en Pindaná de los Cerrillos, se dio por “plenamente probado el caso que nos ocupa, señores”. “La raza indígena ha desaparecido”, fue la sentencia. Y “colorín colorado”… se acabó el resguardo.

No obstante Heliodoro Peña Piñeiro, en su libro “Geografía e Historia de la Provincia del Quindío”, publicado en 1892, dijo que: “(…) Constaba la población de La Paz casi hasta mediados del presente siglo de 300 habitantes indígenas (…) Los terrenos que fueron de los Resguardos, pertenecen hoy a la Instrucción Primaria, por cesión que de ellos hizo el Distrito (…)”. Pregunto: ¿300 indígenas no eran suficientes para formar el “medio cabildo” requerido? La instrucción primaria fue solo el “despiste”, el testaferro de antaño, porque hogaño Cerritos pasó a ser la ostentosa propiedad privada, de la que se hace alarde (¿las tierras más caras del país?) y se exhibe… monda y lironda.

Y vean esta perla: por escritura del 20 de junio de 1904, el cartagüeño Glicerio Durán Vernaza protocoliza los títulos del resguardo de Pindaná. Sin embargo, “misteriosamente”, no aparecen en el tomo consultado esos títulos, ni en el texto del documento se los relaciona. No es solo ahora, pues, que los que tienen vocación de latifundistas… han corrido las alambradas. Hace tres años los medios de comunicación tronaron con el enfrentamiento entre el Presidente de la República y el Procurador General, además del vocero de Fedegán. Asunto: la verdadera propiedad de muchas haciendas en nuestro país por la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras.  

El entonces Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, sentenció que antes de dos años (¿?) estaría terminada la investigación que determinará quienes son los legítimos propietarios de esos terrenos, hoy cuestionados, porque el 50% de los predios rurales de Colombia no tienen título. Y que llegaría hasta las últimas consecuencias en la restitución de los miles de hectáreas que el narcotráfico, la guerrilla y los paracos se robaron, especialmente baldíos, pero también muchas a sus legítimos dueños que fueron desplazados “a la brava”.

Mientras tanto, Francisca Durán, del grupo de reclamantes del resguardo que en 1874 alegaron ser descendientes quimbayas (¿será la “Pachita” Durán de la novela “Risaralda”, de Bernardo Arias Trujillo?) otorga su testamento en 1904, ante la misma notaría de Cartago. Allí está todo lo que ella sí pudo conseguir, pero… “con el sudor de su cuerpo”: un cacaotal en La Virginia.

Gustavo García Vélez | CiudadRegion.com

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