En una muestra de cómo los recursos decomisados pueden transformarse en soluciones para los más vulnerables, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) asignó al Valle del Cauca insumos y artículos valorados en aproximadamente $3.600 millones. Estos bienes serán utilizados para fortalecer programas sociales, mejorar infraestructuras y apoyar a pequeños emprendedores en la región.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, destacó la importancia de esta asignación de recursos para atender diversas necesidades de la población más desfavorecida. Según explicó la mandataria, los insumos serán destinados a hospitales, cárceles, comedores comunitarios y programas de mejoramiento de vivienda.
“Hemos venido gestionando ante esta entidad muchos insumos que le van a servir a los hospitales, a las cárceles, a los comedores, a las personas más desfavorecidas en el tema, por ejemplo, de vivienda, para hacer mejoramiento de vivienda, para las víctimas, para todas las personas que realmente necesitan un apoyo para mejorar sus condiciones de vida”, señaló la gobernadora.
Uno de los aspectos más destacados de este programa es el impacto directo en las Mipymes y pequeños negocios. La DIAN entregó 10 toneladas de tela, que serán distribuidas entre mujeres emprendedoras y personas dedicadas a la confección y tapicería. Estas materias primas les permitirán producir nuevos productos, generar ingresos y fortalecer sus pequeñas empresas.
“Vamos a hacerlo con personas que tapizan muebles, que sea un insumo y puedan mantener la empresa”, indicó Dilian Francisca Toro.
Además, los emprendedores del sector de la construcción también se verán beneficiados. Los materiales entregados incluyen tubería PVC, pisos PVC, perfilería, fibra de vidrio y calzado, que servirán para proyectos de infraestructura en comunidades vulnerables.
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La asesora del Despacho de la Gestora Social, Ninive Murillo Riascos, explicó que esta asignación comprende tres ofrecimientos que se dividen entre materiales textiles, materiales de construcción y otros elementos esenciales para la población en situación de vulnerabilidad. Este modelo de redistribución de bienes decomisados no solo busca reducir la desigualdad, sino también fomentar el desarrollo económico en la región, apoyando a microempresarios y promoviendo la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas locales.
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