De acuerdo a la fuente consultada por CiudadRgion.com la Fiscalía tiene en estudio más investigaciones, por lo que se podrían generar nuevas capturas
Este miércoles 16 de agosto, la ciudad de Cartago volvió a ser noticia nacional, con ocasión de las investigaciones que cursan en la Fiscalía general de la nación, sobre los delitos contra el patrimonio público.
En esta oportunidad el ente de control encontró presuntas irregularidades en tres contratos, a saber: Estudio de tarifas del transporte público por un valor de $25.000.000, suscrito con la empresa Induseñales SAS, de Cali, contrato firmado por su represente legal Diana Cristina Osorio Calad; Plan de alimentación escolar (PAE) por un valor de $2.132.058.026 que se suscribió con la Unión Temporal Alimentamos Valle, de Cali. representada legalmente por la señora Zunilde Palacios Córdoba y del cual aún no se ha realizado el primer desembolso; y el Contrato de interventoría a la concesión entre el Instituto Municipal de Tránsito y la SAS Servicios Integrados Especializados de tránsito y Transporte de Cartago SIETT, suscrito con la Corporación Para el Desarrollo y la Calidad de Vida, cuyo representante legal es Rafael Antonio García Manrique por valor de $150.000.000, por lo que se libró orden de captura contra 6 personas, entre ellas la funcionaria de la secretaría Jurídica Claudia Patricia Medina y la gestora social del municipio Jesusita Zabala de Londoño, cinco de ellas privadas de la libertad, mientras que la gestora social resolverá su situación, al parecer, directamente en la capital del país.
La Fiscalía General de la Nación ya imputa a los capturados de los presuntos delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos en concurso heterogéneo y sucesivo, cohecho y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Como se recuerda, el contrato de Concesión No. 001 de 2015, celebrado entre el Instituto de Tránsito y Transporte y Servicios Integrados Especializados de tránsito y Transporte de Cartago SAS, visto por la Contraloría departamental en abril de 2015, contiene vicios de nulidad protuberantes con incidencias penales y disciplinarias para el director del Instituto de la época y el Concejo directivo en cabeza del alcalde en el momento Álvaro Carrillo, demás directivos, asesores jurídicos y el concesionario por ser este, de acuerdo al ente de control, un contrato leonino que va en detrimento del erario público.
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