Foto. DIJIN
En una operación de alto impacto, la Guardia Civil de España, en colaboración con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia, ha logrado desarticular una red de explotación sexual y trata de personas que operaba en el país ibérico y que tenía como víctimas a mujeres captadas en el Eje Cafetero de Colombia. Durante el operativo, las autoridades rescataron a 12 mujeres colombianas que estaban siendo sometidas a explotación sexual en condiciones inhumanas.
Como resultado de seis allanamientos realizados en las localidades de Almendralejo y Arrecife, las autoridades detuvieron a 18 miembros de la red, de los cuales seis ya han sido encarcelados bajo cargos de trata de personas con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. Esta organización criminal, de índole familiar y conformada mayoritariamente por colombianos, había establecido su base en la provincia de Badajoz y en la isla de Lanzarote, desde donde operaban esta red de captación y explotación de mujeres vulnerables.
La red criminal tenía como objetivo a mujeres del Eje Cafetero, captando principalmente a aquellas en situación de extrema vulnerabilidad y necesidad económica. Las jóvenes eran atraídas con la promesa de una mejor calidad de vida en España, ofreciendo cubrir todos los gastos de traslado, trámites migratorios y documentación, como pasaportes y boletos de avión. Según las declaraciones de las víctimas, esta organización les imponía una deuda de hasta 3.400 euros (aproximadamente 16 millones de pesos colombianos), y retenía sus documentos de identidad hasta que esta fuera saldada, sumiéndolas en una deuda prácticamente impagable.
Una vez en España, las víctimas se encontraban sometidas a estrictas condiciones de explotación, debiendo estar disponibles para atender a los clientes las 24 horas del día, con apenas una o dos horas libres. Además, las mujeres eran obligadas a solicitar a los clientes que las invitaran a consumir sustancias estupefacientes, generando ingresos adicionales para la red. Las condiciones eran de constante vigilancia, ya que eran monitoreadas a través de cámaras de seguridad, y cualquier intento de resistencia o falta era penalizado con sanciones económicas que incrementaban la deuda impuesta.
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La captura y desarticulación de esta red se produjo tras una denuncia de una de las víctimas, que logró alertar a las autoridades españolas sobre la existencia de la organización. La investigación incluyó declaraciones de las víctimas, quienes revelaron el modus operandi de la red y las graves condiciones a las que eran sometidas. El coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de la Dijin en Colombia, destacó la importancia de esta colaboración internacional, que permitió obtener información clave para el seguimiento y captura de los responsables.
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