Hospital Universitario San Jorge de Pereira
La crisis financiera en hospitales de Risaralda ha alcanzado un punto crítico. A la fecha, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) le adeudan cerca de $350.000 millones a la red pública hospitalaria del departamento, situación que podría desencadenar el cierre de servicios médicos vitales en Pereira, Dosquebradas y municipios aledaños, afectando la atención de miles de usuarios.
Según la Asociación de Hospitales de Risaralda, liderada por Olga Lucía Zuluaga, la cartera total asciende a $334 mil millones, sin contar los registros pendientes del primer trimestre de 2025. Estas cifras reflejan una situación de incumplimientos sistemáticos en los acuerdos de pago por parte de las EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado.
Esta pérdida de liquidez compromete seriamente la capacidad de los hospitales públicos para mantener la operatividad de servicios esenciales, el abastecimiento de insumos y el pago al talento humano.
El Hospital San Jorge de Pereira, el más importante del departamento, enfrenta una deuda total de $183.370 millones, de los cuales $100.000 millones corresponden a EPS activas, como:
Adicionalmente, EPS en liquidación como Medimás ($49.416 millones), Ambuq ($9.872 millones) y Coomeva ($2.765 millones), han dejado grandes huecos financieros sin respaldo.
“La situación financiera es bastante crítica, comparable con la crisis del año 2000 que obligó a reestructurar el hospital”, expresó el gerente del San Jorge, Javier Alejandro Gaviria Murillo.
La situación ya se traduce en la restricción de servicios especializados, como hemodinamia, neurocirugía y procedimientos de alta complejidad, especialmente para pacientes indígenas y personas afiliadas a EPS sin red activa.
Además, la falta de pago a proveedores y personal médico está afectando la continuidad en la atención, generando riesgo de cierres parciales o totales en áreas clave, lo cual tendría un impacto devastador para miles de pacientes en Risaralda, Chocó, Caldas, Quindío y el Norte del Valle.
“Si la situación sigue, en San Jorge nos tocaría limitar servicios de salud muy importantes que ningún otro hospital puede prestar”, advirtió Gaviria.
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Tanto la Asociación de Hospitales de Risaralda como los gerentes de los principales centros asistenciales han elevado un llamado al Gobierno Nacional para que actúe con urgencia. Se solicita la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, no solo para garantizar el giro de recursos, sino para evitar la pérdida irreversible de la red hospitalaria pública.
Es prioritario instalar una mesa con la Superintendencia de Salud en Pereira, con presencia del Ministerio de Salud y la Gobernación, para encontrar soluciones estructurales que salven al sistema de salud en la región.
La gerente de la ESE Salud Pereira, Diana Milena Castañeda, también se unió al clamor: “La deuda ya supera los $18.000 millones con nuestra red de servicios de salud pública. Si no se toman decisiones inmediatas, la atención a los ciudadanos está en riesgo real”.
Este panorama, que compromete tanto a usuarios del régimen contributivo como del subsidiado, amenaza con profundizar las brechas en el acceso a la salud, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
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