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La situación de salud en Risaralda continúa siendo crítica, en gran parte, debido a las altas deudas de los proveedores de salud con hospitales y clínicas públicas, una cifra que ronda los 180 mil millones de pesos.
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Por eso, la defensora del pueblo en Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes, indicó que es necesario tomar acciones jurídicas mediante cobros coactivos para recuperar las obligaciones financieras que las EPS no han querido asumir y que, en algunos casos, ni siquiera reconocen.
«Lo que estamos pidiendo a los hospitales y al ministerio es que contraten unos abogados para que se embarguen las cuentas de las EPS y paguen lo que deben, sería una medida que ayudaría a la crisis que hoy vive el sector salud en Colombia«, aseguró la defensora del pueblo.
También explicó que desde el Ministerio Público interpusieron una tutela para obligar a los hospitales a emprender las acciones de embargo a las cuentas de las EPS, debido a que son los usuarios los que se ven afectados con los cierres de servicios médicos, la no atención en los centros hospitalarios y las múltiples dificultades con las autorizaciones y los medicamentos.
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