Comisión Séptima del Senado
La reforma laboral en Colombia fue archivada en la Comisión Séptima del Senado a pesar de las masivas movilizaciones que se llevaron a cabo en el país en respaldo a la iniciativa impulsada por el presidente Gustavo Petro. Con ocho votos a favor del archivo y solo seis en contra, el proyecto no logró avanzar en su trámite legislativo.
El martes 18 de marzo se llevaron a cabo multitudinarias marchas en las principales ciudades del país en apoyo a las reformas sociales del gobierno. La jornada cívica, convocada por el propio presidente Petro, movilizó a miles de personas, incluyendo educadores, sindicatos, centrales obreras, estudiantes y otros sectores de la sociedad.
En Armenia, la manifestación fue significativa, aunque no contó con el respaldo de los alcaldes del Quindío ni del gobernador departamental, quienes no se sumaron a la jornada de protesta. A pesar de la demostración de apoyo ciudadano, la decisión en el Congreso tomó un rumbo diferente.
El principal objetivo de la reforma laboral era garantizar derechos laborales, reducir la precarización del empleo y armonizar la legislación colombiana con los estándares internacionales. Sin embargo, la iniciativa enfrentó una fuerte oposición debido a su impacto económico, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales podrían haber experimentado un aumento significativo en sus costos operativos.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, criticó la decisión del Senado y la calificó como un «festival de falacias». Según el gobierno, los opositores de la reforma difundieron información falsa sobre sus efectos, generando temor entre empresarios y sectores productivos.
La reforma laboral propuesta por el gobierno de Gustavo Petro incluía varios cambios significativos en la legislación laboral colombiana:
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Ante el fracaso de la reforma en el Congreso, el presidente Petro anunció que su gobierno expedira decretos reglamentarios para implementar algunos de los puntos clave de la iniciativa. Además, manifestó su intención de convocar una consulta popular, permitiendo que la ciudadanía decida directamente sobre la implementación de las medidas propuestas.
El hundimiento de la reforma laboral en Colombia representa un duro golpe para la agenda del gobierno, que busca avanzar en reformas estructurales en temas de trabajo, salud y pensiones. Sin embargo, la administración de Gustavo Petro ha dejado claro que no renunciará a su intención de transformar el sistema laboral del país, explorando nuevas vías legales para hacerlo realidad.
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