En un hito legislativo para el gobierno de Gustavo Petro, la Cámara de Representantes aprobó la reforma a la salud en una votación clave que marca el inicio de una transformación profunda en el sistema de salud del país. Este proyecto, que busca eliminar el modelo actual de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y fortalecer la intervención estatal en la administración de recursos, ahora enfrentará su mayor prueba en el Senado de la República.
Un sistema sin EPS: ¿qué propone la reforma?
Uno de los cambios más significativos de la iniciativa es la eliminación de las EPS tal como se conocen hoy. En su lugar, las entidades deberán convertirse en Gestoras de Salud y Vida, cuyo rol será la gestión del riesgo en salud y la organización de redes de atención, sin manejar directamente los recursos financieros.
Según lo aprobado, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) asumirá un rol central en la administración del dinero, realizando pagos directos a hospitales y clínicas. Además, se creará el Fondo Único Público de Salud, con tres cuentas independientes para garantizar la financiación de la Atención Primaria en Salud (APS) y el fortalecimiento de la red hospitalaria pública.
Votación y polémica: el camino de la reforma en la Cámara
La reforma fue aprobada en tres bloques de artículos, abarcando desde la transformación de las EPS hasta la nueva estructura de financiamiento del sistema. En particular, el artículo 28 establece que las Gestoras deberán conformar Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) en coordinación con las autoridades locales, mientras que el artículo 29 otorga a las EPS un plazo de tres meses para definir si se convierten en Gestoras o se retiran del sistema.
El artículo 31 fue uno de los más controvertidos, ya que estipula que las nuevas Gestoras recibirán el 5% del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) como remuneración, cifra que podría reducirse si no cumplen con los estándares de calidad. Para la oposición, esto beneficia a las nuevas entidades, pese a que asumirán menos funciones que las EPS actuales.
Los cambios en el manejo de recursos y la supervisión del sistema
Otro punto clave de la reforma es el rediseño de la ADRES, que pasará de ser un simple pagador de recursos a tener un papel activo en la administración del sistema financiero de salud. De acuerdo con los artículos 9, 10, 11 y 12, la entidad se encargará de distribuir fondos a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), pagar a prestadores de mediana y alta complejidad y gestionar incentivos para las Gestoras.
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El artículo 19 establece que la ADRES deberá pagar, en un plazo de 30 días, al menos el 85% del valor de las facturas presentadas por los prestadores de servicios de salud, mientras que las Gestoras dispondrán de 60 días para auditar los costos. Este esquema ha sido criticado por la oposición, que advierte sobre el riesgo de corrupción y fraude en la facturación, ya que se podrían realizar pagos sin una auditoría previa rigurosa.
¿Qué sigue ahora para la reforma a la salud?
Con la aprobación en la Cámara de Representantes, la reforma ahora será debatida en el Senado, donde enfrentará mayores obstáculos debido a la fragmentación política y las dudas sobre su viabilidad financiera. Sectores opositores sostienen que el modelo propuesto podría generar burocratización, retrasos en los pagos y dificultades para garantizar la continuidad del servicio.
Por otro lado, el Gobierno defiende el proyecto asegurando que garantizará un acceso universal a la salud sin intermediarios, fortalecerá la red pública hospitalaria y reducirá la corrupción en el manejo de recursos.
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