El domingo 3 de mayo recién conmemorado el día del trabajo, en las páginas de El Tiempo, un columnista sugiere como medidas que contrarresten los efectos de la grave pandemia, acciones urgentes en supuesta defensa del empleo que me permito resumir textualmente del artículo en mención, así:
«….debería pensarse en la reducción de los salarios y la revisión de los contratos de trabajo y las convenciones colectivas, las cuales pueden suspenderse…. Debería, igualmente, permitirse el salario mínimo por horas…. Por supuesto, habría que pensar en eliminar transitoriamente las primas de junio y diciembre…. Y también de forma transitoria suspender las cesantías y los intereses de cesantías…. Hay que repensar también, en estas épocas de teletrabajo, en eliminar para estos trabajadores los subsidios de transporte y las dotaciones obligatorias…. Para las nuevas contrataciones, hay que flexibilizar los costos de despido….».
Difícil de creer pero lo que más sorprende es que el columnista es nada menos que el anterior vicepresidente, Vargas Lleras, quien en 2017 renunció para buscar por segunda vez la presidencia de Colombia. Menos mal su aspiración fue fallida, de lo contrario eso sería lo que estuviera recibiendo la clase trabajadora además de sus famosos coscorrones.
Lo grave es que algunas empresas han acogido sus medidas empezando por reducir «a las buenas» los salarios, modificando los contratos de trabajo invocando lo igualmente sugerido por el vicepresidente: «anormalidad económica en los términos de los artículos 50 y 480 del Código del Trabajo».
Obviamente la columna de Vargas Lleras fue muy rechazada, especialmente por las centrales obreras recordándole que los 268 congresistas cuestan más de 25 mil millones de pesos al año sin contar con primas, telefonía celular, pasajes aéreos, carros, protección y salarios de sus diez asesores, proponiendo también reducir esos exagerados ingresos hasta el 50% y llegar a un Congreso Unicameral.
Es que no se justifica que aun en esta crisis pretendieran que incluso se les pagaran los tapabocas, y de los especiales, cuando parte del personal médico todavía no disponían de ellos. Los costos de los congresistas y sus prebendas y los de muchos funcionarios del Estado deberían estar en primera fila para su revisión y control, pues no se compadecen con la situación real del país. A un árbol inestable lo más aconsejable sería comenzar a cortar sus elevadas e inclinadas frondosas ramas, para que su centro de gravedad se acerque más a su base mejorando su estabilidad.
Me encuentro en una publicación del 16/02/2020, de la revista digital las2Orillas.co, con una larga lista de funcionarios del Estado, con cálculo de sus frondosas asignaciones que no incluyen las primas legales y prebendas que desconozco. Solo muestro el cuadro inicial que la encabeza:
Siguen los magistrados de las altas Cortes, el Procurador, el Contralor, El Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Registrador Nacional y los Congresistas con valores muy cercanos al del último del cuadro. Lista gruesa que cierra con los gobernadores de categoría especial y la alcaldesa de Bogotá con $ 22.695.344.
Y así sugiere el vicepresidente que los platos rotos sean pagados en buena parte por la base trabajadora con sueldos ínfimos y con cerca de 6 millones de informales antes de la pandemia. ¡No hay derecho!
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