La indignación por muerte de niño con hemofilia en Colombia crece tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre el caso de Kevin Arley Acosta, un menor que, según denuncias, llevaba semanas esperando la entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS.
El caso ha generado una ola de críticas desde sectores médicos, empresariales y políticos, reabriendo el debate sobre la crisis del sistema de salud en Colombia y la responsabilidad del Estado en la garantía del derecho fundamental a la salud.
Declaraciones del Gobierno desatan polémica nacional
Durante un consejo de ministros, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo calificó el fallecimiento del menor como “desafortunado” y afirmó que los niños con hemofilia deben tener restricciones frente a actividades que puedan generar traumatismos.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro sostuvo que el énfasis debe centrarse en la prevención y en la educación familiar para reducir riesgos asociados a la enfermedad.
Las afirmaciones generaron rechazo inmediato en distintos sectores, que consideraron inapropiado trasladar el foco hacia el entorno familiar en un caso donde se denunció demora en la entrega de tratamiento médico.
Médicos rechazan que la responsabilidad recaiga en la familia
Desde la organización Médicos Colombia se pronunciaron frente a la controversia y defendieron que un paciente con hemofilia puede desarrollar una vida normal si recibe tratamiento oportuno y adecuado.
“La culpa no es de la madre del niño”, enfatizaron, rechazando cualquier insinuación de responsabilidad familiar en el desenlace.
Expertos recordaron que la hemofilia es un trastorno hemorrágico que requiere suministro continuo de medicamentos especializados para evitar complicaciones graves.
El caso puso en el centro del debate la entrega de medicamentos a pacientes con hemofilia en Colombia, especialmente en contextos donde se reportan retrasos por parte de aseguradoras.
Nueva EPS en el centro del debate
Según versiones conocidas públicamente, el menor habría esperado cerca de dos meses por la entrega de su medicación por parte de la Nueva EPS.
El episodio reavivó cuestionamientos sobre la intervención de la Nueva EPS por la Superintendencia de Salud, así como sobre la capacidad operativa de la entidad para garantizar tratamientos de alto costo y manejo continuo.
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Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento adicional que responda directamente a las críticas derivadas de las declaraciones oficiales.
Reacciones desde la Andi y el Congreso
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar la atención en salud sin trasladar responsabilidades a las familias.
Desde el Congreso también surgieron fuertes cuestionamientos. Las congresistas Katherine Miranda y María Fernanda Cabal expresaron críticas al manejo del caso, al igual que el exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien se sumó al debate público.
Hemofilia y acceso oportuno al tratamiento
La hemofilia es una enfermedad genética que afecta la coagulación de la sangre y puede generar hemorragias prolongadas o espontáneas si no se maneja adecuadamente.
Especialistas reiteran que con tratamiento oportuno los pacientes pueden tener una calidad de vida estable y desarrollar actividades cotidianas con normalidad.
Por ello, la discusión pública se ha centrado en la responsabilidad del Estado en garantizar tratamientos para enfermedades huérfanas y crónicas, especialmente cuando se trata de menores de edad.
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