César Vallejo Restrepo | Cartago | 03 FEB 2018 – 12:56 am
La Gobernación del Valle del Cauca conminó a la EPS «Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó» Ambuq, a resolver y solucionar rápidamente las múltiples deficiencias e irregularidades que presenta en la prestación de los servicios de salud, y le advirtió que tales hechos son reiterados y violatorios a los derechos Fundamentales.
El enérgico pronunciamiento lo hizo la Secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes Duque en comunicación dirigida al gerente general de Barrios Unidos, Ariel Palacios Calderón, quien permanece en Cartagena.
«Los hechos denunciados son reiterados y violatorios al derecho fundamental a la salud, que comprende el acceso a los servicios de esta, de manera oportuna, eficaz y con calidad para su preservación, mejoramiento y promoción», dice en la comunicación Lesmes Duque.
Violación
Agrega que, como ente territorial, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca considera que Barrios Unidos está incurso en la violación a la Ley 1755 de 2.015 por no asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso de las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.
Lo anterior, dice, de conformidad con el Artículo 49 de la Constitución Política, por lo que solicita perentoriamente se resuelvan las denuncias interpuestas por numerosos usuarios y se informe a la Secretaría de Salud del Valle todo lo actuado en favor de cada uno de los denunciantes.
De igual manera, señala, se requiere de Barrios Unidos la adopción de medidas de urgencia que impidan futuros incumplimientos con sus usuarios.
Denuncias
«En el propósito de cumplir a cabalidad nuestra misión general de seguridad social en salud, cuya prioridad es el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios, estaremos atentos. Agradecemos su comprensión y entendimiento», finaliza la comunicación.
Lesmes reconoce haber recibido un oficio dirigido a la gobernadora Dilian Francisca Toro por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de Toro Valle, en el que también aporta otro documento dirigido a la Procuraduría Provincial de Cartago.
«En ellos se denuncia la gravísima problemática a la que se abocan los usuarios por la negligente actuación de la EPS «Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó, Ambuq”. Lo anterior, agrega, debido a los deficientes servicios de la entidad que los presta.
Preocupación
La Jueza expresa su preocupación por la que califica de actitud apática frente al cumplimiento de los fallos judiciales relacionados con acciones de tutela e incidentes de desacato en los que incurre la coordinadora de Barrios Unidos en Cartago, Yalit Magaly Aguilar Asprilla.
«Es preocupante también el hecho de que esta funcionaria se sustraiga a sus funciones y no muestre el más mínimo interés en buscar una solución a la problemática que atraviesa el servicio de salud que presta esa entidad a su cargo en el Municipio de Toro.
El juzgado de la referencia enfatiza en el incumplimiento al desacato de acción de tutela interpuesto por José Domingo Pérez Carrillo, quien espera le sea reemplazado una válvula aórtica, y a quien tratan con gran desinterés.
Otros
El personero de Bolívar Valle, Jorge Iván Miranda, obrando como agente oficioso de Lucrecia Escobar, Lucrecia Arce Jimenez y Dilian Valencia Ospina, todas con graves problemas de salud, demanda de la misma manera una intervención urgente contra Barrios Unidos por la total desatención de la problemática.
La comunicación de Lesmes hace referencia igualmente a las denuncias del coordinador de la EPS Jaime Hernado Navia Madriñán, a quien Barrios Unidos debió reintegrar tras un despido injusto pero que lo mantiene sin funciones.
Recuerda la Secretaria Departamental que Navia dice en su denuncia que «nuevamente pongo en conocimiento de la gerencia general de Ambuq, al igual que a los entes del Valle del Cauca, municipales, de vigilancia y control sobre los distintos inconvenientes en la prestación de los servicios por parte de Barrios Unidos en los municipios de influencia.
Falencias
Advierte que «existen procedimientos ordenados como prioritarios de más de seis meses que aún no se realizan, lo cual pone en riesgo la vida de los usuarios.
Tampoco se cuenta con un proveedor que entregue insulinas, pese a que se trata de un medicamento pos que debe ser aplicado diariamente. De no aplicarse, se pone en serio riesgo las vidas de los pacientes que la requieren.
Tampoco hay quien entregue medicamentos a las personas trasplantadas, como tampoco insumos a los pacientes.
Caos
Tampoco existe una persona que entregue dinero a los usuarios en tratamiento de diálisis para los respectivos viajes y puedan acudir a las citas desde los municipios cercanos a Cartago.
No se cuenta con alguien que atienda las pacientes embarazadas de alto riesgo obstétrico.
De ahí que Navia solicita la adopción inmediata de medidas que le permitan a la población acceder a los servicios de salud, de acuerdo a lo consagrado en la Ley.
Es de anotar que contra la actual coordinadora de Ambuq pesan no menos de 15 órdenes de captura. Es decir, sin Yalit Magaly Aguilar quien se esconde para evitar su aprehensión y sin Navia, la EPS está a la deriva, mientras la gente está amenaza de muerte por falta de todo.
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