Durante el más reciente consejo extraordinario de seguridad, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reveló inquietantes detalles sobre la presencia y actividades de grupos armados ilegales en la región. Según informes de inteligencia, se ha construido una vía no autorizada que facilita el tráfico de drogas y conecta el río Naya con el municipio de Jamundí.
La gobernadora explicó que la vía ilegal de 14 kilómetros ha sido construida probablemente por las disidencias de las Farc y permite una movilidad eficiente para estos grupos. «Se ha construido una vía que viene del Cauca, pasa por Jamundí y llega al río Naya. Es una vía de muy buena construcción que no está autorizada», afirmó Toro. Esta infraestructura clandestina es una herramienta estratégica para el transporte de drogas, exacerbando la problemática de seguridad en la región.
Además del narcotráfico, Dilian Francisca Toro denunció que la minería ilegal es otra fuente significativa de ingresos para los grupos armados. «Tenemos 14 puntos en el Naya de explotación minera ilegal que producen cerca de 33,000 gramos mensuales de oro. Doce hectáreas están deforestadas, generando aproximadamente USD 29 millones al año», detalló la gobernadora. La minería ilegal no solo financia actividades ilícitas sino que también causa un daño ambiental considerable.
Ante esta situación, Dilian Francisca Toro reiteró la necesidad de fortalecer la presencia institucional y el desarrollo de programas sociales en estas áreas. «Es un trabajo que venimos haciendo con los campesinos y los indígenas para fomentar una economía legal. Sin embargo, se necesita más apoyo del gobierno nacional. Es crucial tener articulación para lograr resultados efectivos», subrayó Toro.
La gobernadora enfatizó que, sin un esfuerzo concertado por parte del gobierno nacional, los habitantes de estas regiones seguirán viendo en los cultivos de coca y la minería ilegal una fuente de ingresos viable, perpetuando el ciclo de ilegalidad y violencia.
Las denuncias de Dilian Francisca Toro han generado preocupación entre las comunidades afectadas. La construcción de la vía ilegal y la expansión de la minería ilegal no solo facilitan las actividades de los grupos armados sino que también incrementan el riesgo de enfrentamientos y violaciones de derechos humanos en la región.
La deforestación y la contaminación de ríos y suelos por la minería ilegal tienen un impacto devastador en el medio ambiente y la salud de las comunidades. La gobernadora hizo hincapié en la necesidad de implementar políticas de desarrollo sostenible que ofrezcan alternativas económicas a los residentes de estas zonas.
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