La construcción del Terminal de Transportes de Cartago continúa en medio de dificultades legales y financieras que han puesto en duda su avance y finalización. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago emitió recientemente un fallo que ordena a la constructora Inversiones y Construcciones CAMAIA SAS, encargada del proyecto, pagar una deuda pendiente de aproximadamente $217 millones (con los intereses) a la empresa contratista CIVIL EQUIPMET. Esta deuda corresponde a trabajos de movimiento de tierra y acondicionamiento del terreno donde se instalará el terminal.
El fallo emitido por el juzgado representa un respiro legal para CIVIL EQUIPMET, quien asegura que la deuda de Inversiones y Construcciones CAMAIA SAS ha afectado su solvencia financiera y su capacidad de cumplir con el pago de salarios a sus trabajadores. La sentencia establece que si la constructora no presenta objeciones al fallo, se procederá con el remate y avalúo de los bienes embargados de la empresa para asegurar el pago.
«Si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, se ordenará por medio de auto que no admite recurso, el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen si fuere el caso, y seguir adelante con la ejecución», dice parte de la sentencia.
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La situación ha generado inquietud entre la comunidad, especialmente porque el alcalde de Cartago había anunciado que los trabajos se estaban ejecutando y que las estructuras de la terminal de transportes se estaban fabricando en Cali, para posteriormente ser trasladadas e instaladas en el sitio de la obra. Sin embargo, la estructura llegó, pero a la fecha no se observan avances significativos en el terreno, lo que aumenta la incertidumbre sobre la continuidad y futuro de esta construcción, considerada fundamental para el desarrollo y movilidad de Cartago.
La construcción del terminal es crucial para mejorar la conectividad y reducir la congestión en el área urbana de Cartago. Este proyecto tiene el potencial de convertirse en un centro logístico que impulse la economía de la ciudad y la región, facilitando el tránsito de pasajeros y generando empleos. Sin embargo, la paralización de las obras que iniciaron en junio de 2023 y la falta de certeza sobre su ejecución dejan en suspenso estos beneficios.
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Ante la falta de avances y la necesidad de que se honren los compromisos financieros, el juzgado busca que la constructora cumpla con su obligación de pago para destrabar el proyecto y permitir que las obras puedan continuar. La comunidad y los líderes locales esperan que se llegue a un acuerdo y se logren los avances prometidos, con la esperanza de que esta infraestructura vital para Cartago finalmente se convierta en realidad.
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