El Senador Iván Cepeda aseguró que el mandatario de los pereiranos incita a la violencia con su autorización a la fuerza pública para “dar de baja” a delincuentes.
Así lo anunció este viernes el Congresista del Polo Democrático quien afirmó que presentaría una denuncia contra el alcalde de Pereira, Carlos Maya, ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría.
Cepeda pidió a las autoridades investigar si el mandatario de la capital de Risaralda ha incurrido en los delitos de instigación a delinquir, prevaricato por acción y empleo ilegal de la fuerza pública.
El Senador del Polo recordó varias declaraciones públicas que ha dado el alcalde durante el último año que han sido polémicas por instigar a la violencia. La primera de ellas fue el pasado 2 de mayo, durante las protestas por el Paro Nacional, cuando el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a “formar un frente común con las autoridades para recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, tres días antes del asesinato del líder estudiantil Lucas Villa en el viaducto de Pereira.
Además, se refirió a las palabras hechas por Maya hace unos días, cuando, por segunda vez en menos de un año, aseguró que había autorizado a la fuerza pública para “dar de baja” a los delincuentes.
Según Cepeda, el llamado a estos presuntos actos “contribuyó a generar un clima adverso a la protesta social y que se constituyó en un paso previo a hechos de violencia que cobraron múltiples agresiones contra los manifestantes”.
“Ese conjunto de hechos crean una especie de instigación pública al uso indebido y desproporcionado de la fuerza y por esas razones me he permitido solicitar tanto a la autoridad penal como a la disciplinaria para que se investigue al alcalde”, señaló Cepeda en entrevista con Caracol Radio.
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En la acción presentada por el senador del Polo, se citan informes del Comité de Derechos Humanos de Risaralda, en lo que se reportan hechos ocurridos entre el 28 de abril y el 13 de mayo de 2021, y que da cuenta de 74 agresiones por agentes de Estado y otros sin establecer, entre homicidios; desapariciones; amenazas; detenciones arbitrarias y torturas; y detenciones con judicialización y en libertad sin imputación de cargos, acontecidos en Pereira y Risaralda.
De la misma manera, en su demanda, Cepeda sostiene que “el uso legitimo de la fuerza pública implica, entre otros factores, que esta debe ser tanto necesaria como proporcional con respecto a la situación, es decir, que debe ejercerse con moderación y con proporción al objetivo legítimo que se persiga”, algo que, de acuerdo con el senador, no habría ocurrido en Pereira. El demandante finalizó diciendo que “las autoridades no solo tienen el deber de proscribir la realización de delitos, sino que no pueden alentar su comisión”.
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