REF. Trata de personas
La Fiscalía General de la Nación ha presentado cargos contra José Ignacio Gaona Pérez, propietario de una agencia de viajes en Pereira, y Angie Lorena Araque Manchola, empleada de la misma, por su presunta participación en una red de trata de personas. De acuerdo con la Fiscalía, ambos habrían utilizado su agencia como fachada para gestionar tiquetes, pasaportes y visas con el fin de trasladar a víctimas hacia territorio asiático.
Las investigaciones revelaron que, entre junio de 2016 y octubre de 2019, al menos cuatro mujeres fueron captadas por esta red delictiva. Dos de las víctimas son oriundas de Pereira, mientras que las otras dos provienen de Ipiales (Nariño) y Medellín (Antioquia). Las mujeres, con edades comprendidas entre los 19 y 25 años, fueron atraídas con ofertas de trabajo como comerciantes mayoristas en Asia.
Una vez llegaron a su destino, sus pasaportes fueron confiscados y les informaron que debían trabajar en establecimientos nocturnos realizando actividades sexuales para pagar una deuda generada por los costos del viaje y su manutención. Este tipo de prácticas es un modus operandi recurrente en las redes internacionales de trata de personas, que utilizan el engaño para someter a sus víctimas a condiciones inhumanas.
Gracias a la intervención del Consulado de Colombia en Guangzhou, China, tres de las jóvenes lograron escapar de la red criminal. Según sus declaraciones, fueron víctimas de maltrato físico y emocional, con el objetivo de doblegar su voluntad y forzarlas a cumplir con los requerimientos de sus captores. Estas declaraciones fueron claves para que la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía iniciara el proceso judicial contra los responsables.
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La Fiscalía ha imputado a Gaona Pérez y Araque Manchola los delitos de concierto para delinquir agravado, trata de personas y tentativa de trata de personas. El ente acusador sostiene que ambos formarían parte de una red trasnacional dedicada a este tipo de actividades ilícitas, lo que ha motivado una investigación más amplia para determinar el alcance total de sus operaciones.
El tráfico de personas sigue siendo una problemática grave en Colombia, afectando principalmente a mujeres jóvenes que son engañadas con ofertas laborales falsas. La trata de personas es un delito que viola los derechos humanos fundamentales y genera profundas cicatrices psicológicas en las víctimas. Por ello, el Gobierno y entidades como la Fiscalía General de la Nación han redoblado esfuerzos para investigar y sancionar a quienes participan en estas redes criminales.
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