La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra Leonardo Antonio Gómez Franco, actual defensor regional del pueblo y exsecretario de educación de Risaralda, por presuntas irregularidades en un proyecto de internet para colegios rurales. La investigación también vincula a María Cristina Osorio Marín, funcionaria de la Secretaría de Educación departamental.
Irregularidades en la Ejecución del Proyecto
El proyecto en cuestión, denominado «Implementación de herramientas digitales para mejorar la calidad educativa en los colegios públicos de Risaralda», fue liderado por Leonardo Antonio Gómez Franco y María Cristina Osorio Marín en 2021. La Regional de Instrucción de Risaralda identificó aparentes fallas en la planeación y ejecución de esta iniciativa. Entre las irregularidades se señalan una deficiente elaboración de diagnósticos, estudios y análisis relacionados con la conectividad a internet y los servicios asociados a la cobertura, permanencia y calidad del servicio.
Falta de inclusión de estudiantes con deficiencias auditivas
Una de las críticas más significativas es la posible deficiencia en la definición del público beneficiario del proyecto. Según la Procuraduría, no se tuvo en cuenta a los estudiantes con deficiencias auditivas, un factor crucial que debió ser incluido al momento de estructurar el proyecto y adelantar el proceso de contratación.
El Ente de control también advirtió sobre la modalidad de selección de los contratistas. La investigación sugiere que la selección se adelantó de manera directa por los funcionarios investigados, sin considerar la pluralidad de oferentes, lo que podría constituir una falta disciplinaria.
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Rol de María Cristina Osorio Marín
María Cristina Osorio Marín, quien habría ejercido el rol de supervisora del proyecto, también está siendo investigada. Junto con Gómez Franco, podría haber incurrido en omisiones que afectaron la correcta ejecución del proyecto.
Con la investigación, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los disciplinables actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. El objetivo final es esclarecer las responsabilidades y garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a la educación.
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