Pueblo Rico, Risaralda | Foto. RutaDeLosAndes.com
Risaralda, Colombia. La seguridad en el occidente del departamento se ha visto gravemente comprometida tras conocerse que tres alcaldes de Risaralda han sido amenazados por grupos criminales que buscan imponer su presencia en la región. Las intimidaciones han generado una respuesta inmediata por parte de la Gobernación de Risaralda y las autoridades judiciales del país.
Los mandatarios locales afectados son Martín Siagama, alcalde de Pueblo Rico; Diego Parra Mejía, alcalde de Mistrató; y Jhon Fredy Montes, alcalde de Belén de Umbría, quienes han recibido mensajes amenazantes por WhatsApp de parte de estructuras armadas ilegales, presuntamente vinculadas al Clan del Golfo y al ELN.
Ante la gravedad de los hechos, la administración departamental ha recomendado a los mandatarios abstenerse de asistir a cualquier encuentro al que sean convocados por canales irregulares. Así lo afirmó Israel Londoño, secretario de Gobierno del departamento, quien enfatizó:
“Tenemos entendido que les han enviado mensajes por WhatsApp a estas personas… Nuestra Fiscalía y nuestra Policía están listas para proteger a nuestros mandatarios, concejales y a toda la ciudadanía porque ese tipo de intimidación no lo vamos a permitir en Risaralda”.
La Fiscalía General de la Nación ya ha iniciado una investigación para rastrear el origen de las amenazas y determinar la identidad de los responsables. Las autoridades sospechan que se trata de un intento por parte de bandas delincuenciales en Risaralda de ejercer control territorial mediante el miedo y la intimidación a los funcionarios públicos.
Se ha podido establecer, de manera preliminar, que hay una disputa activa entre diferentes grupos armados ilegales en la zona, particularmente el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este último ha sido mencionado en informes recientes por su creciente presencia en varios municipios del occidente risaraldense.
Los municipios de Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría se han convertido en epicentro de preocupación por el aumento de amenazas contra autoridades locales, así como por el incremento de la actividad delictiva. La situación ha sido catalogada como crítica por organismos de seguridad, quienes señalan que se trata de una lucha territorial entre grupos que buscan dominar rutas estratégicas para el narcotráfico y otras economías ilegales.
Ante este panorama, se hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la seguridad en Risaralda, garantizar la integridad de sus autoridades y evitar que los grupos armados logren consolidarse en estas zonas vulnerables. La articulación entre la Policía Nacional, la Fuerza Pública y los entes territoriales será clave para frenar el avance de estas estructuras criminales.
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