El Juzgado Tercero Administrativo de Manizales ha emitido una sentencia que obliga al Municipio de Manizales a dar por terminado el contrato de concesión de tránsito, firmado durante la administración de Carlos Mario Marín.
La decisión responde a una acción popular interpuesta por Brayan David Salazar Herrera, quien argumentó presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación. Con esta orden judicial, el municipio deberá finalizar su contrato con el Consorcio Movilidad Digital Manizales en un plazo máximo de seis meses.
Liquidación del contrato de concesión No. 2303310628
Según la sentencia, el municipio tiene un plazo de seis meses a partir de la ejecutoria del fallo para realizar la liquidación unilateral del contrato de concesión No. 2303310628.
Esta concesión regulaba la operación de los servicios de tránsito en Manizales, incluyendo trámites de movilidad y el polémico Sistema de Fotodetección.
Además, el fallo exhorta a la administración municipal a que, en el plazo de un mes, inicie los trámites administrativos ante el Concejo de Manizales para obtener la autorización necesaria para estructurar un nuevo contrato de concesión para la movilidad.
¿Qué significa esto para los ciudadanos?
Los trámites relacionados con la Secretaría de Movilidad de Manizales no pueden interrumpirse. Por ello, la alcaldía deberá garantizar que la transición entre contratos no afecte la prestación de los servicios públicos de tránsito.
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Secretaría de Movilidad evaluará si apela la decisión
Desde la notificación de la sentencia, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Movilidad de Manizales, la cual deberá decidir si apela el fallo o acata la orden judicial.
La decisión también impacta directamente al Sistema de Fotodetección en Manizales, un punto de debate entre ciudadanos y autoridades, ya que muchos consideran que este sistema ha sido más recaudatorio que preventivo.
¿Se avecina un nuevo modelo de gestión en la movilidad de Manizales?
La terminación del contrato de concesión de tránsito en Manizales abre la puerta a una nueva estructuración de los servicios de movilidad en la ciudad. Sin embargo, queda la incertidumbre de cómo se garantizará la continuidad del servicio sin afectar a los ciudadanos.
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