Líderes sociales enfrentan riesgos de seguridad en 12 municipios de Caldas

Líderes sociales y defensores de derechos humanos en Caldas están enfrentando crecientes riesgos de seguridad en 12 municipios, según la última Alerta Temprana 019 de 2023.

Recientemente se llevó a cabo el segundo Comité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, donde se discutieron estrategias claves para la protección de los derechos humanos. En esta reunión, se presentó el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2024-2027, y se revisó el Plan Integral de Prevención y Protección a Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) para 2024.

Este comité también analizó las acciones y seguimientos a la Alerta Temprana 019 de 2023, que advierte sobre los riesgos que enfrentan defensores de derechos humanos en 706 municipios y 16 áreas no municipalizadas en 32 departamentos del país. En el caso de Caldas, los municipios afectados incluyen Manizales, Aguadas, Belalcázar, Chinchiná, La Dorada, Marquetalia, Norcasia, Pensilvania, Riosucio, Samaná, Supía y Victoria.

Lina María Salazar, jefa de la Unidad de Derechos Humanos, destacó el balance positivo de la actualización de rutas de atención y del Plan Integral de Protección. Según Salazar, “En este segundo comité, se destacó la articulación entre los organismos de seguridad y la Secretaría de Gobierno para garantizar la seguridad de líderes, lideresas y colectivos que trabajan por los derechos humanos, los derechos de las víctimas del conflicto armado y la comunidad. Queremos que este Plan recoja las buenas prácticas que hemos venido implementando. Es un balance positivo, las organizaciones de víctimas y los organismos de seguridad lo han confirmado”.

Dora Rodríguez Londoño, representante de la Mesa de Víctimas de Caldas de La Dorada, expresó optimismo sobre las alertas tempranas, afirmando: “Vamos por muy buen camino con las alertas tempranas, se están estipulando muy bien para este año. Esperamos que todas estas propuestas se hagan efectivas y no queden solo en el papel. Sugerimos que, como víctimas, nos sigan teniendo en cuenta como hasta ahora, porque nosotros somos la voz del pueblo”.

Dentro del PISCC, se están creando estrategias y programas dirigidos a la protección de la labor de los líderes y lideresas defensores de los derechos humanos, incluyendo la mesa de garantías territoriales para el Magdalena Medio con el apoyo del Ministerio del Interior.

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Leónidas Benjumea, funcionario de la Unidad de Seguridad y Convivencia Ciudadana, enfatizó que en Caldas no existen grupos armados al margen de la ley, señalando: “Lo dice la Defensoría del Pueblo y el mapa que presentamos, ahí se muestra que no tenemos incidencia de grupos armados organizados ni incidencias de Iván Mordisco ni del grupo de Marquetalia ni del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, hay grupos organizados criminales que se están combatiendo con rigurosidad de la mano de la Policía Departamental y el Batallón de Infantería N°22 Batalla de Ayacucho”.

Este esfuerzo conjunto entre las autoridades y los organismos de seguridad es crucial para garantizar la seguridad y protección de los líderes sociales en Caldas, quienes desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la lucha por la justicia social en la región. La implementación efectiva de estos planes y estrategias es esencial para mitigar los riesgos y asegurar que las voces de los defensores de derechos humanos sean protegidas y escuchadas.