La política es uno de los ejercicios de alto riesgo en Colombia. Hasta el domingo 18 de octubre, la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional dieron cuenta de 28 hechos violentos contra candidatos y jefes de campaña en todo el país. Los atentados dejaron ocho candidatos muertos, de los cuales cinco aspiraban a concejos y tres a alcaldías.
Se registraron 28 atentados y ocho candidatos asesinados
La presente campaña le costó la vida a José Ignacio Londoño Zabala, candidato a la alcaldía de Cartago (Valle) por el movimiento significativo “Todos por Cartago”. Su muerte se produjo el pasado 20 de julio y desencadenó un ambiente de zozobra en el norte del Valle, pues precipitó una serie de amenazas en la región que terminó por afectar a varios líderes políticos y a funcionarios de la administración.
Giraldo Ojeda Moreno, candidato a la alcaldía en San José de Albán (Nariño) por el Partido Conservador, fue asesinado el pasado 29 de agosto. La misma suerte corrieron Hernán Nolberto Solarte, del Partido Conservador, y Luilber Arroyo Anchico, del Polo Democrático candidatos al concejo de El Tambo (Cauca) y Charco (Nariño), respectivamente. Estos asesinatos se registraron el 12 de agosto y el 17 de septiembre.
La lista sigue. El 17 de octubre, en Puerto Boyacá (Boyacá), fue asesinado Gilberto Bustos Castañeda, candidato al concejo por el Partido de la U. Alfonso González Soto, de la ASI, y quien aspiraba al concejo de Carmen de Viboral (Antioquia) también perdió la vida en hechos violentos. Y Luis Iván Roa Castro, candidato del Polo al concejo de Aguazul (Casanare) fue asesinado el pasado 20 de septiembre.
Más allá de candidatos, Samuel Carreño Caballero, jefe de campaña del Centro Democrático en Yacopí (Cundinamarca), también fue asesinado. Un hecho que motivó una fuerte reacción del expresidente Álvaro Uribe.
También se registraron atentados como del que salió ileso Edgar Guzmán Robles, de Opción Ciudadana, en Arauca, cuando iba en su camioneta por la vía Arauquita – Saravena. Y una de las sedes de campaña del liberal Joaquín José Vives, candidato a la gobernación del Magdalena, fue atacada con un artefacto explosivo.
Tres aspirantes a diputados también fueron víctimas de atentados. Edwin Berrio Arenas, del Partido Conservador, en Tolima, y de Silvio Arboleda, del Partido Liberal, en Caldas, se salvaron de las balas que impactaron los vehículos donde se desplazaban. A Rafael Picón Sarmiento, candidato del Centro Democrático en Santander, le dispararon cuando se encontraba en plena campaña al norte de Bucaramanga.
Sin embargo, a pesar de estos hechos, la situación parece haber mejorado desde las últimas elecciones. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), en el 2011 fueron asesinados 41 candidatos (15 candidatos a alcaldías, 24 a concejos, 2 a juntas de acción comunal) y se registraron 22 atentados en época de campaña.
Según funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), esta disminución de la violencia es el resultado de la combinación de varios factores. Las condiciones de seguridad del país han cambiado, el cese unilateral del fuego ha influido positivamente y las medidas tomadas por parte de las entidades del Estado han tenido éxito. Se destaca el Plan Democracia, que prevé una serie de medidas de protección para los candidatos, que incluyen la implementación de esquemas de seguridad.
La UNP indicó que dentro de los atentados que se han registrado este año no sólo ha habido muertes por violencia política, sino también por “asuntos personales”. Además, en varias regiones del país aún existen amenazas constantes de bandas criminales enfocadas en minería ilegal y narcotráfico.
Los departamentos más afectados son Cauca, Norte de Santander, Antioquia, municipios del norte del Valle, Chocó, Arauca, Caquetá y Putumayo.
No son los únicos amenazados
No obstante, los aspirantes a cargos políticos no son los únicos en la mira. Las amenazas y atentados contra defensores de derechos humanos han aumentado en lo que va corrido del año.
Según Somos Defensores, se pasó de 105 líderes amenazados en 2014 a 332 en 2015. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU registró una ola de intimidaciones cuando las víctimas empezaron a viajar a Cuba en el marco del proceso de paz.
La ONU, en cabeza de Fabrizio Hochschild, calificó como “muy alarmante” la cifra de 69 líderes asesinados en 2015, según informes de su oficina. Y la situación es aún más delicada para los defensores de DD.HH. que toman el riesgo de aspirar a cargos de elección popular.
Si algo está claro es que la combinación de política y violencia ha sido una constante en el país y que el modelo de escoltas a granel no funciona. No bastan los policías ni los militares, ni los chalecos antibalas o los carros blindados. De firmarse la paz en unos pocos meses, el posconflicto va a requerir garantías diferentes, y eso pasa por el control efectivo del territorio.
Sin embargo, para construir un modelo efectivo de garantías, habrá que contar con una fuerte participación de las comunidades y, aunque en el papel parezca sencillo, en la realidad es un gran desafío. Habrá que garantizarles a las víctimas la no repetición de los hechos de violencia, pero también, permitir el libre ejercicio de la democracia que pasa por la seguridad de los aspirantes en la arena política.
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