Gustavo Petro firma decreto consulta popular
Colombia entra en un nuevo capítulo político y social tras la firma del decreto presidencial que convoca a una consulta popular para reformar el modelo laboral del país. El presidente Gustavo Petro anunció oficialmente, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), que firmó y envió el documento a la Corte Constitucional, abriendo paso a un proceso inédito en la historia reciente del país. Esta decisión, sin embargo, ha generado un profundo debate en el Congreso y sectores políticos que lo tildan de un posible “golpe de Estado”.
El decreto de convocatoria de la consulta popular establece un total de doce preguntas orientadas a modificar aspectos clave de la legislación laboral colombiana. Entre los temas más relevantes se encuentran la reducción de la jornada laboral, el pago justo por trabajo en días festivos, la formalización del empleo informal, y mejoras en las condiciones de trabajadores rurales y de plataformas digitales.
Las preguntas son claras y apuntan a ampliar derechos laborales. Algunas de las más destacadas incluyen:
Estas y otras propuestas forman el núcleo de una iniciativa que, según el Ejecutivo, pretende brindar justicia social a sectores históricamente excluidos del mercado laboral formal.
El decreto fue firmado por todos los ministros del gabinete, incluso antes del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio. La noticia, aunque esperada por sectores progresistas, ha causado fuerte controversia en el Congreso, especialmente en el Senado de la República, que rechazó la consulta en mayo.
No obstante, el gobierno sostiene que “no hubo un concepto formal que impidiera continuar con el proceso”, razón por la cual consideran válida la expedición del decreto. Petro justificó su decisión en el artículo 33c de la ley 1757, señalando que el decreto presidencial tiene base legal, aún si el Senado no se pronunció formalmente.
La legitimidad de la consulta ha sido cuestionada por varios sectores, incluido el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien anunció una demanda contra la acción del Ejecutivo. Algunos líderes políticos han llegado a calificar el proceso como un “golpe de Estado”, acusando al presidente de forzar mecanismos de participación ciudadana para imponer su agenda.
La Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación General del Trabajo también han hecho públicos sus reparos. Denuncian que la versión de la reforma laboral discutida en el Senado no representa las verdaderas necesidades de la clase trabajadora, especialmente tras modificaciones en la Comisión Cuarta, que introdujo cambios regresivos.
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Entre las objeciones más destacadas:
El proceso de consulta popular avanza en medio de una creciente tensión institucional. Los próximos pasos clave incluyen:
Petro ha dejado claro que la única forma de evitar la consulta será que el Congreso apruebe las propuestas contenidas en las preguntas, es decir, “que los puntos que se le preguntan al pueblo sean respondidos positivamente por el Congreso”.
La consulta popular llega en un momento crítico para el gobierno nacional, que se enfrenta a una fuerte oposición en el Legislativo. La reforma laboral de Gustavo Petro se ha convertido en una de las banderas más visibles de su agenda de cambio, pero también en un punto de confrontación con las fuerzas tradicionales.
La exclusión de temas relacionados con la salud, que estaban presentes en la llamada “consulta 2.0”, muestra una estrategia más enfocada y centrada en lo laboral, quizá con el objetivo de reducir resistencias y enfocar el debate nacional.
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