El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha radicado ante el Senado una ambiciosa consulta popular con 16 preguntas centradas en la reforma laboral y la reforma a la salud en Colombia, marcando un nuevo capítulo en el intento del Ejecutivo por implementar transformaciones profundas en el modelo social del país.
Este mecanismo de participación ciudadana en reformas fue anunciado por los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Trabajo, Antonio Sanguino; y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien actuó como presidente encargado durante la presentación oficial. La medida se tomó, según explicaron, ante el bloqueo legislativo en el Congreso, que ha dificultado el avance de las reformas clave del Gobierno.
“El pueblo es soberano, como lo consagra el artículo tercero de la Constitución. Si el Congreso le sigue cerrando la puerta a las reformas del presidente, nos toca abrir la puerta al pueblo”, afirmó el ministro Jaramillo.
¿Qué incluye la consulta popular del Gobierno Petro?
La propuesta contiene 16 preguntas de la consulta popular 2025, divididas en dos bloques temáticos: reforma laboral en Colombia y reforma a la salud en Colombia. A continuación, los ejes principales:
Reforma laboral:
- ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
- ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
- ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos?
- ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
- ¿Está de acuerdo con que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
- ¿Está de acuerdo en que los trabajadores de plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice seguridad social?
- ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen derechos y salario justo a los trabajadores agrarios?
- ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
- ¿Está de acuerdo con que trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a seguridad social?
- ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
- ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para campesinos y campesinas?
Reforma a la salud:
- ¿Está de acuerdo con que el Gobierno compre o produzca los medicamentos necesarios para una entrega completa y oportuna a los pacientes?
- ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el Adres pague directamente a hospitales y clínicas?
- ¿Está de acuerdo en garantizar un modelo fuerte de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con servicios especializados públicos, privados y mixtos?
- ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice la vinculación formal y el salario justo para los trabajadores de la salud?
Justificación del Gobierno y viabilidad financiera
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo defendió la reforma afirmando que cuenta con sustento presupuestal y técnico. Según el Gobierno, ya se aprobó un paquete de más de 6 billones de pesos en nuevos recursos, incluyendo ingresos provenientes de impuestos saludables y del IVA social. Asimismo, se proyecta un incremento del gasto en salud equivalente a un punto del PIB para 2034, lo que representaría una inversión adicional de 20 billones de pesos.
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Reacciones a la consulta: oposición lanza fuertes críticas
Las reacciones a la consulta popular no se hicieron esperar. Diversos sectores de la oposición cuestionaron la legalidad, el contenido y el momento político en que se radica esta propuesta.
- Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, denunció que la nueva consulta es una reiteración de preguntas que ya fueron rechazadas por el Congreso. “El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó la misma consulta popular con solo 4 preguntas nuevas. Las preguntas negadas ya fueron negadas, no se pueden volver a considerar”, afirmó.
- Valencia también arremetió contra la idea de la nacionalización de medicamentos en Colombia, asegurando que “fue la forma como acabaron los laboratorios en Venezuela”.
- Por su parte, Katherine Miranda, exaliada política de Petro y actual voz crítica, señaló que la propuesta “nació viciada” por la supuesta usurpación de funciones del ministro encargado, quien, según ella, no tiene competencia para promover una consulta popular como lo estipula el artículo 104 de la Constitución. “Jamás le delegaron las funciones del artículo 104”, subrayó.
- El representante Andrés Forero anunció acciones legales: “¿Se extralimitó o usurpó funciones el ministro? Denunciaremos”.
Estas críticas a la reforma de Petro reflejan una creciente preocupación entre sectores políticos y jurídicos sobre el uso de mecanismos de participación directa para sortear decisiones parlamentarias.
¿Qué sigue para la consulta popular del Gobierno Petro?
El Gobierno deberá lograr que el Congreso apruebe la convocatoria a la consulta antes de llevarla a las urnas. En caso de que no prospere legislativamente, se buscará la validación ciudadana a través del voto popular, lo que marcaría un precedente en el uso de la democracia directa como herramienta para destrabar reformas estructurales.
Sin embargo, con una oposición a Gustavo Petro cada vez más articulada y una atmósfera de alta polarización, el futuro de esta consulta se perfila incierto. La controversia sobre la legitimidad del proceso, la viabilidad económica de las propuestas y las implicaciones institucionales promete alimentar un debate nacional durante los próximos meses.
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