Las alianzas público-privadas (APP) tendrán ahora más participación dentro de las obras de desarrollo regional que quieran adelantar gobernadores y alcaldes en el país. El espacio para ponerlas en marcha lo acaba de dejar abierto la Ley 1962 o Ley de Regiones, sancionada el pasado viernes 28 de junio por el presidente Iván Duque.
Esta ley pretende que las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) -constituidas por las entidades territoriales para impulsar su progreso- puedan ejecutar proyectos estratégicos con el concurso del sector privado.
De esa forma se podrán atacar dos fenómenos que históricamente han afectado a las regiones y les ha impedido sacar adelante grandes obras: por un lado, la crisis de la gerencia pública y por el otro, la corrupción.
La nueva Ley, según destacó el propio presidente Duque, les permitiría contar con mejores recursos técnicos y financieros a las regiones. Además, la aplicación de las nuevas sinergias entre los sectores público y privado, en beneficio del desarrollo regional, se haría más expedita en la medida en que la Ley de Regiones, considerada por sus impulsores como un gran avance en el proceso de descentralización, permite a las entidades territoriales gestionar recursos de cofinanciación en todos los niveles de gobierno e incluso en el ámbito de la cooperación internacional.
Para Carlos Camargo Assis, director de la Federación Nacional de Departamentos, la nueva legislación representa un impulso histórico en el progreso de los territorios. “Colombia avanza hacia el desarrollo con enfoque regional”, dijo Camargo.
La ley de Regiones dispone que a partir de la próxima vigencia fiscal el Gobierno pueda asignar una partida en las leyes anuales de presupuesto general de la Nación, con el objeto de cofinanciar los proyectos de inversión con impacto regional.
El concurso de las APP en la iniciación y conclusión de proyectos puede resultar fundamental en la medida en que en las últimas dos vigencias han venido siendo contratados proyectos por $5 billones correspondientes al Sistema General de Regalías, recursos que constitucionalmente son de propiedad de los departamentos.
Por decisión de la nueva Ley, los proyectos tendrán ahora un enfoque diferencial en comunidades étnicas como las afrocolombianas, raizales y palenqueras y las RAP podrán contar con la asesoría permanente de comités integrados por el sector privado, la academia, organizaciones sociales diversas, el Instituto Agustín Codazzi, el Ministerio de Hacienda y los Consejos Territoriales de Planeación.
El articulado también faculta a las RAP para presentar proyectos de impacto ante el Gobierno Nacional, cooperación internacional y Organizaciones de Estados de Cooperación Multilateral. Fernando Flórez, director de la Región Central, Rape, asegura que “tenemos por primera vez un hecho concreto que impulsa la planeación y la organización de los territorios a partir de una visión regional, para la ejecución de recursos públicos en el corto, mediano y largo plazo, como lo ha venido desarrollando la Rape Central, como entidad pionera en estos esquemas de asociatividad en el país”.
Los resultados de alianzas territoriales y de estas con el sector privado para la constitución de APP serán claves de aquí a fin de año, cuando entrará en vigor la Misión de Descentralización -creada por la misma Ley- para replantear, vía reformas constitucionales y legales impulsadas ante el Congreso, nuevas reglas del juego para la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.
Entre los proyectos que el órgano de control denominó “complicados” se encuentran obras tales como la construcción, ampliación de capacidad y mejoramiento en general de los aeropuertos de Providencia, Leticia, Pasto, Armenia y Popayán por cerca de $566.000 millones.
El debate sobre la que los expertos llaman nueva era de la descentralización ya está abierto. De hecho, el próximo 10 de julio se reunirán en un foro internacional, convocado por la FND en Barranquilla, varios constituyentes de 1991, representantes de los órganos de control, de las cortes de justicia, de los gobiernos nacional y territorial y de la academia para mirar en perspectiva el avance hacia la mayor autonomía que reclaman las regiones.
Cómo funciona la Ley? ¿Qué es una RAP, una RAPE y una RET?
CARLOS CAMARGO: El término RAP y RET proviene de lo consignado en la Constitución Política de 1991.
El artículo 306 determina que las RAP son las Regiones de Administración y Planificación, las cuales tienen como objetivo principal promover el desarrollo del país desde una perspectiva territorial y desde las necesidades de los departamentos y visiones compartidas, es decir de abajo hacia arriba. Por otro lado, las RET se encuentran enmarcadas en el art 307 de la Carta Magna. La sigla literalmente quiere decir Región Entidad Territorial.
Este es un paso hacia adelante en la autonomía de los territorios, y una institucionalidad mucho más fuerte que las RAP. La gran victoria es que antes estos esquemas no habían sido lo suficientemente desarrollados, lo que dejaba de lado un mandato constitucional de descentralización y autonomía.
¿Diferencia de cada una de estas zonas?
Es importante hacer una precisión, no son zonas per se.
Las RAP son esquemas asociativos territoriales, en este caso conformadas por los departamentos. Estos esquemas no son nuevos ni inventados. De hecho hacen parte de las recomendaciones de la OCDE y de las estrategias de varios países que le han apostado al desarrollo territorial.
Así, son simplemente unos modelos de asociación que permiten identificar, formular e implementar proyectos de Inversión eficientes, eficaces; que aprovechan economías de escala y responden a necesidades que superan los límites político-administrativos de los departamentos.
¿Y las RET?
CC: Son un nivel institucional intermedio mucho más sólido. Es decir, no simplemente un esquema asociativo. Se encuentra como una categoría entre los departamentos y la nación, la cual permite consolidar a las regiones como nodos de desarrollo integrados y a la vez, fortalecer la autonomía.
Las RET todavía son un una apuesta a largo plazo. Herramientas como la Misión de Descentralización que propone la Ley de Regiones permitirán identificar qué competencias tendrán las RET en aras de generar eficiencias en la gestión pública y la autonomía de los territorios. Lo anterior permitirá cumplir con lo planteado en la constitución: un Estado Unitario, pero descentralizado.
Actualmente hay cuatro RAP conformadas y tres en conformación. Las conformadas son: RAPE Central, RAP Pacífico, RAP Caribe, RAP Eje Cafetero. Las tres que se encuentran en proceso de conformación son: RAP Córdoba – Antioquia, RAP Amazonia y RAP Orinoquia.
Desde la FND nos sentimos orgullosos de acompañar estos procesos de asociatividad, fortalecimiento de los departamentos e inversión inteligente; tanto en su proceso de conformación como en su proceso de consolidación. La Ley advierte que las RET podrán conformarse a partir de 2022. Sin embargo, es un proceso que dependerá de la decisión de los departamentos que hacen parte de las RAP y además, del voto popular entre otros requerimientos previos.
Fuente: Revista Dinero | Nuevo Siglo
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