El concejal uribista Carlos Mario Vélez Ocampo, quien estuvo en medio de un escándalo luego de que por redes sociales circularan dos audios en los que él mismo confiesa presuntos actos de corrupción, fue sancionado por la veeduría nacional del Centro Democrático.
La sanción consiste en una suspensión por dos meses de militancia en dicho partido en la ciudad de Cartago, Valle, donde ejerce su activismo político. A esa decisión llegó la veedora Mery Becerra luego de una investigación interna en la que concluyó que, si bien los audios corresponden a la voz del concejal y su interlocutor que lo grabó asegura que existió dicha conversación, estos pudieron ser manipulados con la intención de hacerle daño al partido y al cabildante.
“(…) si bien la Veeduría Nacional no tiene ni los medios técnicos ni la competencia para investigar delitos sí puede con los medios probatorios dispuestos a su conocimiento que desde el año 2016 al presente año en que se dieron a conocer estas grabaciones que habían sido hurtadas de la residencia del periodista Ospina, pudieron haber sido adulteradas y utilizadas para hacerle daño al partido y al concejal Vélez”, dice textualmente el documento del fallo en un aparte que titularon como “Atenuantes”.
No obstante, en el mismo fallo queda en evidencia que los documentos probatorios con los que contaron para tomar la decisión son los mismos testimonios de las partes involucradas y no las pruebas técnicas que podrían dar constancia de la autenticidad de las grabaciones o supuestas adulteraciones y montajes, como lo argumentaron los salpicados.
“Es claro para todos los miembros del Centro Democrático que ser protagonista de conductas indecorosas que ocasionen daño al buen nombre del partido, es un acto de indisciplina y lo cierto del caso es que la grabación sí se produjo, así haya sido adulterada como manifiestan los testimonios juramentados (…)”.
Al respecto, el concejal uribista se mostró insatisfecho con la decisión porque asegura que el único propósito de la sanción es no permitirle su participación en la encuesta interna a través de la cual se decidirá el nombre del candidato a la alcaldía de Cartago por el Centro Democrático.
“A raíz de ello procedí a instaurar una tutela alegando violación al derecho fundamental al debido proceso, ya que la fecha del fallo tiene 17 junio y la notificación es del 27 de junio; como no me conceden a tiempo mi derecho a apelar, con ello están afectando de paso mi derecho a ser elegido, ya que soy precandidato a la alcaldía”, argumentó el concejal tras alegar que el 25 de junio el director regional del partido expidió un comunicado asegurando que sí podía participar en la encuesta, «lo cual no es entendible si existía una sanción en mi contra desde el 17 de junio”.
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