La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una orden de arresto contra Clara Luz Roldán, actual Gobernadora del Valle del Cauca. La medida se lleva a cabo bajo la acusación de que Roldán «pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del Acuerdo Final para la Paz», según la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
La decisión se basa en la falta de control y supervisión de Roldán en el cumplimiento de las funciones delegadas a la Gobernación, específicamente en la protección de zonas de interés forense relacionadas con casos de desaparición forzada en el departamento. La JEP argumenta que esta negligencia compromete la garantía de los derechos de las víctimas y la ejecución del Acuerdo Final para la Paz.
El caso particular que llevó a la orden de arresto se centra en audiencias entre la JEP y la Gobernación para evaluar el cumplimiento de medidas cautelares destinadas a la protección de los derechos de las víctimas de desaparición forzada. La ausencia de Clara Luz Roldán en estas audiencias y la delegación de responsabilidades a funcionarios de la Gobernación han resultado en la orden de arresto de dos días.
La JEP había citado previamente a Roldán para una audiencia los días 28 y 29 de noviembre, donde se evaluaría el nivel de cumplimiento de planes integrales de atención a víctimas de desaparición forzada. Aunque Roldán designó inicialmente a un representante, los cambios y la falta de presencia en la segunda jornada llevaron a la medida de arresto.
La JEP también emitió una orden de arresto de cinco días para William Hernández Arias, Subsecretario de Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca, quien también estuvo ausente en la segunda audiencia.
Así mismo, la JEP también ordenó en las últimas horas el arresto del Gobernador de Caldas y dos Alcaldes por incumplimiento de Órdenes de la JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz ha ordenado el arresto del Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, así como de los alcaldes de Riosucio, Marlon Alexander Tamayo Bustamante, y de Supía, Marco Antonio Londoño Zuluaga. Estas medidas se toman debido al incumplimiento de órdenes emitidas por la JEP para proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada en el territorio Ancestral indígena San Lorenzo de los Embera.
La JEP estableció medidas cautelares en septiembre del año pasado para proteger áreas dentro del resguardo indígena de San Lorenzo, donde se presume que hay personas desaparecidas enterradas durante el conflicto armado. Las órdenes incluían la creación de comisiones para explorar estas zonas y la presentación de informes bimestrales sobre el progreso.
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Sin embargo, la falta de coordinación y ejecución eficiente entre las autoridades locales e indígenas, las Alcaldías de Riosucio y Supía, y la Gobernación de Caldas resultaron en un incumplimiento de las órdenes. La JEP argumenta que Velásquez, Tamayo y Londoño actuaron con «culpa grave» al no cumplir con diligencia las directrices emitidas.
La JEP destaca que a pesar de las oportunidades para actuar diligentemente, las autoridades no buscaron alternativas ni cumplieron con las órdenes impartidas, lo que llevó a la decisión de arresto. Velásquez deberá cumplir dos días en el Comando de la Policía Metropolitana de Manizales, mientras que Tamayo y Londoño enfrentarán tres días bajo la custodia de la Policía de sus respectivos municipios. La JEP subraya que estas medidas buscan garantizar el cuidado y la observancia de las responsabilidades asignadas a estas autoridades.
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