Los gobernadores de Colombia estudian una postura común ante el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Petro, que incrementa de forma sustancial los impuestos a bebidas alcohólicas y tabaco. La medida, según los mandatarios regionales, podría impactar directamente las finanzas departamentales y poner en riesgo la financiación de sectores esenciales como salud, educación y deporte.
El debate gira alrededor del Decreto 1474 de 2025, norma que elevó el IVA a las bebidas alcohólicas del 5 % al 19 % y aumentó en cerca del 300 % el impuesto a los cigarrillos. Los gobernadores consideran que el ajuste tributario, al aplicarse de manera abrupta, podría generar efectos adversos en el recaudo y en las economías locales.
Reunión en la Federación Nacional de Departamentos
Con el fin de analizar escenarios jurídicos y administrativos, los mandatarios se reunieron en Bogotá en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND). En ese encuentro se evaluó la posible aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, una figura que permitiría a los departamentos abstenerse de ejecutar la norma mientras se pronuncia la justicia constitucional.
La reunión fue liderada por la vicepresidenta de la FND y gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y contó con la participación de mandatarios como Dilian Francisca Toro y Henry Gutiérrez. Al cierre del encuentro, se anunció la preparación de un comunicado conjunto con las acciones a seguir frente al decreto.
Antioquia marca la posición más firme
El primer pronunciamiento público en contra de la aplicación del decreto vino desde Antioquia. Su gobernador, Andrés Julián Rendón, aseguró que el departamento invocará la excepción de inconstitucionalidad hasta que se produzca un fallo de la Corte Constitucional. En sus palabras:
“Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones”.
La postura de Antioquia abrió el debate sobre los límites entre las competencias del Ejecutivo nacional durante una emergencia económica y las potestades tributarias de los entes territoriales.
Impacto en salud, educación y deporte
Uno de los principales argumentos de los gobernadores es el destino específico de las rentas de licores. De acuerdo con la Ley 1816 de 2016, los ingresos provenientes de la producción y comercialización de bebidas alcohólicas financian porcentajes clave del gasto social departamental, especialmente en salud, educación y deporte.
Desde esta perspectiva, los mandatarios advierten que un aumento abrupto de tarifas podría disminuir el consumo legal, afectar el recaudo efectivo y, por ende, comprometer recursos que hoy sostienen programas sociales y deportivos en los territorios.
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Riesgos económicos y contrabando
Además del impacto fiscal, los gobernadores alertan sobre efectos colaterales. Un incremento fuerte del IVA a las bebidas alcohólicas y del impuesto a los cigarrillos podría incentivar el contrabando de licores y cigarrillos, especialmente en departamentos con producción propia de aguardiente y otros destilados.
En estos territorios, una reducción en la competitividad de los productos legales frente a mercancía ilegal podría erosionar los ingresos públicos y afectar cadenas productivas regionales, desde fabricantes hasta distribuidores y comerciantes.
Tensión institucional con el Gobierno nacional
La controversia ha reavivado la discusión sobre la autonomía fiscal de las regiones frente a decisiones del Ejecutivo en el marco de una emergencia económica. Para los departamentos, el punto central no es únicamente el aumento de impuestos, sino la afectación directa de recursos que administran de manera autónoma.
El pulso entre los gobiernos regionales y el Gobierno Petro podría trasladarse a los tribunales si prospera la estrategia de acudir a la Corte Constitucional para definir el alcance del Decreto 1474 de 2025 y la legalidad de su aplicación en los territorios.
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