En desarrollo del conversatorio denominado “Diálogo Constitucional para la Paz”, que se adelanta en la ciudad de Medellín (Antioquia) por iniciativa de la Corte Constitucional, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, analizó los estándares internacionales de la justicia transicional y la necesidad de equipararlos al contexto colombiano en los diálogos que se adelantan en la actualidad entre la insurgencia y el Gobierno Nacional.
insistió en la necesidad de que el Estado no renuncie a la acción penal en contra de los autores de delitos de lesa humanidad
El jefe del Ministerio Público insistió en la necesidad de que el Estado no renuncie a la acción penal en contra de los autores de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios; advirtiendo que de darse un escenario de impunidad, Colombia estaría incumpliendo compromisos internacionales y podría ser objeto de intervención por parte de la Corte Penal Internacional.
“La Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción complementaria y subsidiaria a la jurisdicción colombiana, competente para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio y los crímenes de guerra en los casos en que el Estado no puede o no quiere investigar ni sancionar a los responsables”, advirtió.
El procurador revisó igualmente los antecedentes del proceso de negociación que se adelanta desde 2012 en La Habana (Cuba), manifestando que “ni referendos ni asambleas constituyentes pueden generar la impunidad”.
En medio de la conferencia titulada “Estándares internacionales y el proceso de paz”, el jefe del Ministerio Público consideró concluido el debate jurídico en torno al Marco Jurídico para la Paz ante los condicionamientos que la Corte Constitucional impuso en materia de verdad, reparación y justicia.
En el evento convocado por la Corte Constitucional, el procurador general de la Nación reiteró que, en desarrollo de su obligación constitucional de vigilar el cumplimiento de la Constitución, proteger los Derechos Humanos y defender los intereses de la sociedad, el Gobierno Nacional debe asegurar las bases mínimas en caso de suscribir un acuerdo de paz con la insurgencia.
“La justicia transicional colombiana debe garantizar que las personas incursas en graves violaciones de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario sean investigados, juzgados y que cumplan penas privativas de libertad aceptables”, dijo el jefe del Ministerio Público.
“Bases que garantizan una paz estable y duradera y los derechos de las víctimas del conflicto armado”, concluyó.
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