Corridas de Toros prohibidas en Colombia. El proyecto de Ley fue aprobado en último debate

Bogotá, Colombia – En un avance significativo para los derechos animales y la ética social, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Con una votación abrumadora de 93 votos a favor y solo 2 en contra, el proyecto ahora entra en la fase de conciliación. De ser aprobado por las plenarias de Cámara y Senado, pasará a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.

Un clamor ciudadano atendido

El Representante por el Partido Alianza Verde, Alejandro García Ríos, celebró el resultado. «Es histórico y celebro que Colombia por fin deje de ser parte de esa lista de ocho países que aún practican la tauromaquia. Me honra que la Senadora Esmeralda Hernández me haya confiado esta ponencia y haberle cumplido a ese 85% de colombianos que han manifestado su inconformidad con que se realicen corridas de toros en el país,» expresó García Ríos. Este logro es un reflejo de la voluntad popular, dado que una gran mayoría de los colombianos se oponen a esta práctica.

Reconversión Económica y Transformación Social

Una vez la ley entre en vigencia, el Gobierno Nacional tendrá tres años para definir e implementar programas de reconversión económica destinados a las personas que dependan económicamente de las corridas de toros. Este plan busca garantizar que nadie quede desamparado debido a la prohibición. Además, la ley establece un periodo límite de un año para transformar las plazas de toros en espacios destinados a actividades culturales, lúdicas, deportivas y artísticas. Estas transformaciones buscan fomentar la construcción de sociedad desde la empatía, los derechos y el cuidado de la vida, mientras contribuyen al crecimiento económico del país.

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Entre tanto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) será responsable de realizar un diagnóstico para determinar cuántas familias dependen exclusivamente de las actividades taurinas y cuántas se benefician indirectamente. «El Gobierno Nacional tendrá 3 años para diseñar e implementar las rutas y programas de atención a estas familias para su reconversión económica y laboral,» señaló García Ríos. Esta tarea implicará la colaboración entre entidades nacionales y territoriales para asegurar que todas las personas afectadas queden protegidas bajo las nuevas medidas.