Archivo. Programa de Vivienda
El sueño de tener casa propia se ha convertido en una meta cada vez más lejana para miles de colombianos. El reciente boletín de vivienda publicado por la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) revela que el sistema de acceso a vivienda de interés social en Colombia está colapsando para los hogares con menores ingresos, a pesar de los subsidios existentes.
El informe expone una dura realidad: el modelo de adquisición de vivienda social ha perdido su eficacia. En medio de un panorama económico adverso, el sector constructor enfrenta una caída del -4.1% en su participación en el PIB y una reducción del 12% en la asignación de subsidios. Esto ha repercutido directamente en la disminución de la oferta de vivienda accesible para los sectores más vulnerables.
En la actualidad, la vivienda de interés prioritario (VIP) —la única opción posible para familias que ganan menos de dos salarios mínimos— representa apenas el 8% de la oferta del mercado. Esta cifra evidencia un grave desbalance entre la demanda real y la disponibilidad de soluciones habitacionales asequibles.
Uno de los puntos más críticos del informe es la fórmula de indexación de precios de la vivienda subsidiada al salario mínimo. Aunque este mecanismo fue creado para proteger el poder adquisitivo, en la práctica ha provocado un aumento progresivo del valor de las viviendas. En los últimos 15 años, el aporte propio que debe hacer un hogar ha aumentado en más de $110 millones, incluso contando con subsidio.
Esto implica que, en lugar de cerrar la brecha, el crecimiento del salario mínimo ha contribuido a profundizar las barreras para adquirir vivienda. El impacto es mayor en los sectores más pobres, para quienes el acceso a crédito es limitado o inexistente.
“El acceso a vivienda digna debe ser viable para todos los hogares, especialmente los más vulnerables. Desde Asocajas creemos que es momento de revisar los mecanismos actuales y avanzar hacia un modelo más equilibrado, que combine subsidios eficientes, oferta adecuada y criterios de indexación que realmente respondan al poder adquisitivo de las familias”, aseguró Adriana Guillén, Presidente Ejecutiva de Asocajas.
El boletín enfatiza que los hogares que devengan hasta cuatro salarios mínimos solo pueden adquirir una vivienda si logran combinar subsidio, crédito y ahorro. Sin embargo, para muchos esto no es viable debido a los requisitos crediticios excluyentes, que impiden acceder a préstamos por falta de historial o puntaje financiero.
La situación es más grave para quienes tienen ingresos entre uno y dos salarios mínimos, pues su única opción sería una vivienda de interés prioritario, un segmento que virtualmente no existe en varias regiones del país.
Frente a esta realidad, Asocajas propone revisar y complementar el modelo actual con estrategias como:
Estas medidas permitirían ampliar el acceso a soluciones habitacionales dignas, sostenibles y ajustadas a la realidad de millones de colombianos.
Entre 2016 y 2024, las Cajas de Compensación han asignado más de 516.000 subsidios de vivienda por un valor superior a $15.7 billones. A través del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS), han impulsado el acceso a vivienda nueva para hogares de bajos ingresos, contribuido al cierre del déficit habitacional, fomentado el empleo y dinamizado la economía regional.
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No obstante, el FOVIS requiere reformas estructurales urgentes para garantizar su sostenibilidad y llegar con mayor eficacia a las zonas que registran mayor déficit habitacional en Colombia, especialmente en contextos rurales donde la presencia estatal es limitada.
El informe concluye planteando una reflexión crucial: ¿Debe seguir el salario mínimo como referencia para fijar el valor de la vivienda subsidiada? La respuesta parece ser un no rotundo, considerando los efectos adversos que esta indexación ha provocado en la equidad del sistema.
Se necesita una política pública que entienda que la vivienda no puede ser un privilegio condicionado al mercado financiero. Debe ser un derecho real, garantizado con una visión territorial, solidaria y sostenible, que promueva el acceso desde la diversidad de contextos y necesidades del país.
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