Este sistema se había convertido en algunas regiones en un lucrativo negocio, lo que desató olas de denuncias sobre irregularidades en su implementación en vías nacionales y urbanas.
“Queremos decirles a los colombianos que se acabaron los abusos, los atropellos y los asaltos contra los conductores y los propietarios de vehículos. El Congreso de la República tomó la decisión de sacar adelante el Proyecto 102 del 2015 y ya no se seguirán instalando fotomultas sin cumplir con una serie de criterios para su puesta en marcha”, aseguró el senador Mauricio Aguilar, quien lideró la propuesta junto con los senadores Antonio Guerra y Mauricio Lizcano.
“La atribución de posibles infracciones teniendo la fotografía como medio de prueba ha llegado a ser un negocio en el que las autoridades de las diferentes entidades territoriales realizan contratos de concesión a particulares”, sustentaron los autores del proyecto.
EL TIEMPO había denunciado que algunos alcaldes realizaron convenios con operadores privados para la instalación de cámaras, en los cuales los operadores terminaban ganando más que los propios municipios, llegando a ser en algunos casos del 70 por ciento para el operador.
Con la aprobación del proyecto, se determinó que el Ministerio de Transporte, en cabeza de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, será el único que podrá autorizar el funcionamiento de fotomultas en las diferentes vías y ciudades del país.
Y para que se acredite su implementación, quienes quieran utilizar este sistema tendrán que cumplir con ciertas condiciones: respetar las velocidades establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial, tener un estudio técnico que indique que es indispensable colocar la fotomulta, la identificación de puntos críticos de accidentalidad y tener una adecuada señalización, entre otras.
“Además, se asegura el cumplimiento del debido proceso, ya que hoy en día la mayoría de comparendos no son notificados al conductor o propietario del carro”, complementó Aguilar, quien destacó que ese aviso deberá hacerse por intermedio de un correo eléctrico y de un correo certificado.
“Quienes reciban alguna notificación de fotomulta tendrán la opción de hacer sus descargos hasta de forma virtual, se les garantizará una defensa, y solo cuando eso sucede y se demuestre la culpabilidad, la sanción será proferida”, afirmó el senador.
La nueva ley permitirá que el negocio de algunos particulares se termine: los concesionarios que manejan las fotomultas pasarán de recibir el 70 por ciento del recaudo a solo el 10 por ciento. Mientras que a los municipios o ciudades donde funcionen, se les entregará, mínimo, un 50 por ciento.
“Los entes territoriales recibirán una cifra considerable, que tendrá que ser invertida en planes de seguridad vial que ayuden a reducir los altos índices de accidentalidad”, acotó Aguilar.
El Sistema de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) y la Federación de Municipios también tendrán participación en el recaudo de los fotocomparendos.
“Fedemunicipios y el Simit recibirán dinero por derechos que se han adquirido previamente y por el manejo de la base de datos de los conductores del país, respectivamente”, dijo el político santandereano.
Revisarán las actuales
Con respecto a las fotomultas que ya funcionan, los operadores tendrán un plazo de 180 días (seis meses), desde cuando el Presidente de la República firme la ley, para acomodarse a los criterios técnicos que emita el Ministerio de Transporte.Al término de ese tiempo, las que no cumplan con los requisitos serán desmanteladas.
De acuerdo con cifras de la oficina del senador Aguilar, a la fecha hay al menos 50 municipios, la mayoría con terrenos en vías nacionales, sobre los que se han instalado los sistemas de detección electrónica de infracciones.
Antes de pasar a sanción Presidencial, se tendrá que presentar un texto de conciliación este viernes en la Cámara y el próximo martes, 20 de junio, en el Senado, para ser votado por las plenarias de dichas salas.
Ministerio entregará el aval
“Las fotomultas van a continuar, pero con un aspecto distinto: con un concepto técnico, de seguridad vial y no con un concepto lucrativo. Es un paso muy importante esta decisión del Congreso”, aseguró Alejandro Maya, viceministro de Transporte.
Además, el funcionario indicó que estos controles seguirán existiendo, pero con restricciones: tendrán que cumplir requisitos técnicos como, por ejemplo, ser instaladas donde exista riesgo de accidentalidad vial y estar señalizadas a 500 metros, con el fin de que los conductores sepan que van a llegar. Sumado a lo anterior, la reglamentación de la ley será clara, en el sentido de que los alcaldes ya no tendrán la potestad de ubicar cámaras, sino que deberán tener el aval del Ministerio de Transporte para darle vía libre.
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