En un desafiante video, el grupo armado impuso penas de «prisión revolucionaria» a los funcionario secuestrados en 2025, condicionando su liberación con el Gobierno Nacional.
¿Qué decisión tomó el ELN sobre los funcionarios del CTI secuestrados en Arauca?
El grupo guerrillero ELN anunció en las últimas horas que los dos agentes del CTI de la Fiscalía, secuestrados el 8 de agosto de 2025 en el departamento de Arauca, fueron «condenados» a penas de hasta 5 años de prisión revolucionaria. A través de un video, el grupo armado planteó la posibilidad de un canje humanitario con el Gobierno, un acto considerado como una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario.
Un mensaje que desafía frontalmente a la justicia estatal y pone en vilo los acercamientos de paz. A través de un comunicado audiovisual difundido en redes sociales, la guerrilla del ELN notificó al país que los dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que mantienen en cautiverio desde hace casi un año, serán sometidos a su propia «justicia insurgente».
El secuestro, perpetrado en Arauca el 8 de agosto de 2025, toma ahora un giro que la opinión pública califica de infame. Un vocero del grupo armado leyó el documento donde acusan a los funcionarios de espionaje, de involucrar a la población civil en labores de inteligencia y de realizar montajes judiciales.
Según los terroristas, estos hombres «cometieron el delito de pertenecer a un organismo del Estado dedicado a la comisión de crímenes de lesa humanidad», aunque aclararon que no serán sentenciados a la pena capital.
Las «condenas» en el cautiverio
El grupo guerrillero detalló las penas impuestas a los agentes bajo la figura de lo que denominan «prisión revolucionaria»:
- Jesús Antonio Pacheco Oviedo: Condenado a 60 meses (5 años) de secuestro en calidad de autor material de los supuestos delitos.
- Rodrigo Antonio López Estrada: Recibió una pena de 55 meses (4 años y medio) bajo los mismos cargos.
En el mismo pronunciamiento, el ELN mencionó cínicamente la posibilidad de conceder «beneficios de rebaja de pena» de hasta un 60%, argumentando que esto dependerá del comportamiento de los agentes durante su cautiverio y de su presunta contribución al «esclarecimiento de hechos».
La carta política: El canje humanitario
El punto central y más preocupante de este anuncio para el Estado colombiano radica en el séptimo apartado del documento. En él, la organización insurgente manifiesta su intención de activar un «mecanismo de canje humanitario» con el Gobierno Nacional, intentando imponer sus propios postulados políticos a cambio de la libertad de los investigadores.
Este accionar representa una clara afrenta a la institucionalidad y una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Mientras las familias de Pacheco y López sufren la angustia de esta prolongada retención, diversos sectores políticos y sociales han rechazado tajantemente el anuncio, calificándolo como un retroceso en cualquier voluntad de paz.
Comunicado de la Fiscalía
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