La Alcaldía defiende la concesión de los servicios tecnológicos y la llegada de nuevas fotomultas para salvar a la Secretaría de Movilidad del colapso. Mientras se promete una millonaria inversión, los críticos y sindicatos guardan un misterioso silencio.
¿En qué consiste el polémico proyecto de movilidad y fotomultas en Dosquebradas?
La Alcaldía de Dosquebradas radicó un proyecto en el Concejo Municipal para concesionar por 15 años los servicios tecnológicos y las cámaras de fotodetección de la Secretaría de Movilidad. La iniciativa, liderada por el secretario Yeison Palacios, busca atraer a un operador privado con una inversión de $12.000 millones para digitalizar la entidad y aumentar el recaudo anual a $19.000 millones, aunque sus críticos advierten sobre una inminente privatización del tránsito local.
El colapso inminente vs. el temor a la privatización
El rezago no solo se mide en tiempo perdido por los conductores. La dependencia arrastra un grave déficit de personal y opera con equipos tecnológicos totalmente obsoletos. De hecho, sobre los hombros de la entidad pesa hoy un proceso sancionatorio cercano a los $600 millones, originado exclusivamente por incumplimientos graves en la gestión de su archivo físico.
Para salir del abismo, la Administración Municipal puso sobre la mesa una jugada arriesgada: vincular a un operador privado mediante licitación pública. La propuesta pretende entregarle a un tercero la administración tecnológica de los trámites, el desarrollo de las plataformas y la siempre polémica operación de las cámaras de fotodetección.
El fantasma de la privatización de los servicios no tardó en asomarse en los pasillos políticos. Sin embargo, el secretario de Movilidad, Yeison Palacios, intentó calmar los ánimos asegurando que la autoridad vial no está en venta y que ningún trabajador de planta perderá su empleo.
“Los agentes de tránsito, los inspectores y todas las funciones relacionadas con la autoridad seguirán siendo responsabilidad exclusiva del municipio”, sentenció el funcionario, delimitando el alcance del operador.
$12.000 millones y el largo amarre a 15 años
El núcleo de la discordia no radica únicamente en quién operará las pantallas, sino por cuánto tiempo lo hará. Entregarle el control tecnológico a un privado durante 15 años es, para muchos sectores, comprometer la autonomía del municipio durante tres periodos y medio de gobierno.
La justificación oficial se ampara en las matemáticas. Según el modelo financiero de la Alcaldía, el tiempo es estrictamente necesario para que el futuro concesionario recupere una colosal inversión inicial estimada en $12.000 millones, garantizando así la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Pero la tecnología no llega sola; viene acompañada del lente implacable de las cámaras de fotodetección. La ampliación de este sistema electrónico es quizás el punto más espinoso para el conductor de a pie, que ve en los dispositivos una simple máquina de facturación disfrazada de seguridad.
“La presencia de estos equipos hace que los conductores reduzcan la velocidad en los puntos donde saben que existe control electrónico, disminuyendo así el riesgo de siniestros”, argumentó Palacios, intentando desmarcar el proyecto de su estigma recaudatorio.
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La millonaria promesa frente al silencio opositor
Si las proyecciones de la Alcaldía se cumplen, el negocio transformaría radicalmente las arcas del municipio. Hoy, con sus limitaciones, la entidad recauda cerca de $5.000 millones anuales. Con la intervención del privado, se espera un salto asombroso hasta los $19.000 millones cada año.
Esa catarata de recursos frescos se reinvertiría en semaforización, nueva infraestructura para los agentes y el vital apalancamiento de nuevas rutas alimentadoras para el Megabús. Todo esto, por supuesto, si el proyecto logra sobrevivir al filtro político.
Actualmente, el documento ya inició su trámite en comisiones del Concejo de Dosquebradas. Si recibe el aval, se abrirá una licitación exprés de 45 días.
Lo desconcertante en medio de esta encrucijada es el mutismo de quienes deberían liderar el debate. A pesar de la trascendencia del contrato, figuras clave como la concejala opositora Tatiana López Saldarriaga y el líder del sindicato de Agentes de Tránsito, Jeison Herrera, han guardado un sepulcral silencio, evadiendo los llamados de la prensa.
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