Mediante orden de captura fueron aprehendidos Juan Pablo Aguirre, Alexánder Jaramillo, Wilson Giancarlo Sanabria, Leonardo Antonio Aguirre y Carlos Mario Orozco, este último director de la Mesa Municipal de Víctimas de Dosquebradas y director del movimiento Unidad Nacional de Víctimas del Conflicto.
A los detenidos les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de estafa agravada por automotores y mayor cuantía; emisión y transferencia ilegal de cheques, falsedad en documento privado agravado y simulación de investidura o cargo.
Al parecer esta organización al margen de la ley llevaba ejerciendo actividades delictivas desde hace 10 años en diferentes lugares del país como Eje Cafetero, Cundinamarca y Valle del Cauca; el centro de operaciones era la capital risaraldense.
Dentro de los elementos materiales probatorios con los que cuenta el ente acusador hay entrevistas informales y formales, reconocimientos fotográficos según labores de verificación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación en compañía del Gaula Militar de Risaralda.
Se afirma que estas personas llegaron a estafar cifras millonarias por al menos $ 2500 millones.
En la Fiscalía recibieron 21 denuncias de igual número de víctimas en las ciudades de Pereira y Bogotá.
Según las investigaciones desarrolladas por la fiscalía local perteneciente a la Estructura de Apoyo desde hace dos años, algunos miembros se hacían pasar por servidores de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, CTI, DIAN y promotores de Derechos Humanos; decían contar con influencias políticas para afianzar las relaciones con las víctimas y ofrecerles la consecución de documentación para emigrar del país, destacándose visas, asilos políticos y trámites para los testigos protegidos del Estado.
Igualmente gestionaban la adquisición de bienes en remate producto de extinciones de dominio y vehículos embargados; realizaban transacciones de inmuebles con terceros sin ser los propietarios legítimos, suscribían contratos, letras, pagarés y emitían cheques sin fondos.
El director Regional de Fiscalías, Jorge Mario Trejos, manifestó que a los capturados sin importar su cargo les será respetado el debido proceso en referencia al caso específico de Carlos Mario Orozco, quien al parecer utilizaba su investidura de activista de derechos humanos para engañar a las víctimas.
Dijo que todos los elementos probatorios serán revelados en las audiencias y que hacen parte de la reserva de la investigación.
Aseveró que a las víctimas también les serán reparados sus derechos vulnerados.
El coronel Édgar Quiroga, comandante de la Octava Brigada, dijo que la labor desarrollada por el Ejército en el proceso fue la de garantizar la investidura, ya que los indiciados presuntamente habían suplantado a miembros de la fuerza pública de distintas instituciones.
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