Los abusos de poder policiales en las manifestaciones pacíficas en España, no son una realidad ajena al gobierno socialista, de hecho, son más habituales de lo que popularmente se cree.
«Es increíble que un ciudadano por gritar con los brazos en alto, ‘dimisión Grande Marlaska’ sea detenido. Como también la mutilación del ojo de una manifestante por la violencia policial en las protestas», señala el medio Dirtenefe de España.
Este accionar deberá ser investigado y se deben depurar responsabilidades con contundencia.
La libertad de expresión cubre las libertades de opinión, de información y de prensa. Es fundamental para poder ejercer otros derechos humanos y participar activamente en una sociedad libre y democrática. Su condición de base de la democracia obliga, según el derecho internacional, a que cualquier posible limitación sea mínima, proporcionada y justificada.
Ese medio señaló que en España, la libertad de expresión ha sufrido un grave retroceso desde 2015, cuando el Partido Popular impuso su mayoría absoluta para aprobar en solitario la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC, conocida como ‘Ley Mordaza’) y la reforma del Código Penal, que entraron en vigor el 1 de julio de ese año y que este gobierno dizque socialista, parece ser cómplice coautor para que esta ley siga vigente.
Hoy la situación es mucho más grave y se complica aún más. La paliza producida por dos policías vestidos de paisanos, a una niña menor de 14 años y a su padre han indignado más a los ciudadanos. Asimismo, el encarcelamiento del cantante rapero y compositor Pablo Hasél, ha desatado mucho más fuerte la indignación de toda la sociedad española.
Las cargas policiales contra los manifestantes han vuelto a dejar algunas imágenes de uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos agentes de la policía.
Aunque a menudo existe en el imaginario como una circunstancia muy minoritaria y más propia de países con deficiencias democráticas, en lo últimos tiempos se ha podido apreciar como, de manera aparentemente cada vez más habitual, se dan escándalos policiales que como mínimo plantean la necesidad de reflexionar acerca del papel y de la actuación de las fuerzas de seguridad del estado y sobre las legislaciones que se le aplican.
Ese mismo medio indicó que ya vienen antecedentes de desatención de este gobierno socialista de Pedro Sánchez, (centro derecha), no el de Iglesias, (izquierda), que impone su criterio político con su ministro de interior(exjuez-PP) en mirar hacia otro lado, práctica que viene haciendo desde el inicio del estado de alarma.
La organización de Amnistía Internacional denuncia “docenas” de multas a personas sin hogar por deambular por la calle durante el confinamiento. Se documenta tres casos de abusos policiales en España. Las organizaciones pro-derechos humanos llevan semanas documentando incidentes que se produjeron durante el estado de alarma en España, para acompañarlos junto con los atropellos policiales actuales.
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