El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado un giro trascendental al sistema de salud colombiano al firmar el Decreto 0858 del 30 de julio de 2025, que establece como política pública obligatoria el nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, sin que este haya sido aprobado por el Congreso. La medida ha generado una fuerte polémica entre distintos sectores del país.
El decreto, firmado por el jefe de estado y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reorganiza la atención médica en todo el territorio nacional en torno a las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), integradas por prestadores públicos, privados y mixtos. Estas redes serán responsables de coordinar y garantizar una atención continua, desde el primer nivel de complejidad hasta los servicios más especializados.
Centros de Atención Primaria (CAPS): puerta de entrada al nuevo modelo de salud
Uno de los cambios estructurales más relevantes del decreto es que, a partir de ahora, todos los usuarios deberán ingresar al sistema de salud a través de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Desde estos puntos se definirá la ruta de atención del paciente, lo cual será gestionado directamente por el Gobierno Nacional y supervisado por la Superintendencia de Salud.
La ADRES asume control total de los recursos
Otro aspecto clave es la reasignación del manejo financiero del sistema. A partir de la entrada en vigencia del decreto, la ADRES será la única entidad encargada de administrar los recursos del sistema de salud, función que históricamente correspondía a las EPS. Aunque las EPS no desaparecen, ahora cumplirán 24 funciones técnicas, entre ellas la gestión del riesgo y articulación de redes, pero sin manejo de dineros públicos.
En paralelo, las ARL (Administradoras de Riesgos Laborales) asumirán nuevas tareas enfocadas en la promoción y prevención en salud, especialmente en el primer nivel de atención, ampliando así su ámbito de acción.
Decreto 0858 del 30 de julio de 2025
Preocupaciones por falta de hoja de ruta y financiación
El decreto ha generado una ola de reacciones en el sector salud. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) alertó sobre la ausencia de una hoja de ruta clara para implementar los profundos cambios propuestos. Por su parte, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas expresó su preocupación por la viabilidad financiera del nuevo modelo, especialmente en regiones rurales donde el acceso a servicios es históricamente limitado.
Expertos, exministros de salud y analistas coinciden en que, aunque el enfoque preventivo es positivo, la implementación acelerada y sin aprobación legislativa podría derivar en un sistema aún más fragmentado y vulnerable.
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Demandas contra el decreto por falta de sustento legal
En reacción inmediata, los abogados Germán Calderón España y Abelardo de la Espriella, autodenominados “Defensores de la Patria”, interpusieron una demanda contra el Decreto 0858 de 2025, argumentando que representa una reforma estructural sin el respaldo del Congreso. La acción judicial ya fue radicada y se espera que abra un debate constitucional sobre los límites del poder ejecutivo para implementar transformaciones de este calibre por vía administrativa.
Reforma a la salud: ¿avance necesario o riesgo institucional?
La decisión del Gobierno ha dividido opiniones. Para algunos, el decreto representa un paso necesario para corregir los problemas estructurales del sistema de salud en Colombia, que a pesar de una amplia cobertura, enfrenta retos significativos en equidad, acceso y sostenibilidad. Para otros, se trata de una reforma a la salud sin aprobación legislativa, lo que abre una puerta riesgosa a decisiones unilaterales sin control institucional.
A medida que el modelo entra en su fase de implementación, se intensifican los debates jurídicos, sociales y técnicos en torno a una de las reformas más polémicas del actual gobierno.
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