En medio de la crisis que han planteado tres EPS sobre su posible cierre debido a la falta de financiación gubernamental, ha salido a la luz que estas mismas entidades adeudan la asombrosa suma de $346.596 millones a hospitales públicos en Colombia. Este nuevo giro en la situación ha arrojado luz sobre un aspecto crucial del sistema de salud en el país.
Las EPS en cuestión son Sanitas, que tiene una deuda de $179.433 millones con las empresas sociales del estado; Sura, con una deuda de $110.742 millones; y Compensar, cuya deuda asciende a $56.418 millones. Estos montos significativos no son de fácil recuperación, ya que los retrasos en los pagos varían desde 60 días hasta más de un año (más de 360 días). Esta perspectiva financiera compleja pone de manifiesto la necesidad de explorar una faceta menos visible pero crucial del sistema de salud.
Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, Directora Ejecutiva de la Asociación Colombia de Empresas Sociales del Estado (ACESI), enfatizó la importancia de contar toda la historia en lugar de solo un lado de la moneda. Mientras las EPS han expresado su preocupación por la distribución equitativa de los recursos, el pago de deudas, la insuficiencia del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y otros problemas, Zuluaga sugiere que también es necesario evaluar la situación desde la perspectiva de los proveedores, como los hospitales públicos.
El gremio de los hospitales públicos ha sostenido durante mucho tiempo que existe una inequidad en la interpretación de las normas que favorece a las EPS en detrimento de las Empresas Sociales del Estado (ESE). Esto se traduce en ventajas significativas en la administración de recursos, a pesar de que ambas partes manejan fondos públicos. Zuluaga señala que varios gobiernos anteriores han emitido medidas que desfavorecen a los prestadores estatales a favor de los privados, con poca intervención de los organismos de control.
Las EPS han empleado estrategias para demorar el pago de facturas, utilizando tácticas como las glosas para envejecer las cuentas y convertirlas en deudas difíciles de cobrar. “La pregunta es ¿Quién asume estas deudas impagables?, ¿es justo que los balances de los hospitales públicos tengan que ser castigados, generando malas calificaciones por gestión administrativa, por culpa de la irresponsabilidad de las EPS, por el no pago de las facturas?”, advirtió Olga Lucía Zuluaga.
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De igual forma, también denunció que las negociaciones de muchos contratos entre EPS y hospitales públicos violan las normas al imponer aumentos por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta situación ha llevado a problemas financieros en muchos hospitales, algunos de los cuales han tenido que ser intervenidos o liquidados.
Esta revelación sobre las deudas millonarias de las EPS con los hospitales públicos brinda una nueva perspectiva sobre la compleja dinámica del sistema de salud en Colombia. Las cifras muestran la importancia de abordar las dificultades financieras desde una óptica más amplia y considerar el impacto en todos los actores involucrados. La deuda total con otros hospitales públicos por parte de diversas EPS asciende a $7,8 billones, lo que subraya la magnitud de los desafíos financieros en el sector.
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