En cuanto al número de motos en Cartago, estas aumentaron en un 300% en los últimos 10 años, al pasar de 18 mil a 57 mil
Una acción de tutela contra el Municipio de Cartago instaurada por los hasta hace poco responsables del manejo y explotación de las llamadas zonas azules, enrarecen aún más el panorama y el futuro de la movilidad y el tránsito en la ciudad.
En efecto, la tutela fue elevada por el abogado Álvaro Rengifo Parra en representación de los accionantes Asociación de Sordos de Cartago, Asorcar. Asociación de Discapacitados en Sillas de Ruedas, Adiscasir, y la Fundación de Personas en Condición de Discapacidad de La Cabaña.
La tutela identifica como accionados al Municipio de Cartago representado en su Alcalde, Carlos Andrés Londoño Zabala, y a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte de la Ciudad, en cabeza de su Secretario, Juan David Piedrahita.
Presunción
La tutela se basa en la presunción de que el gobierno local contrataría las zonas azules con agremiaciones o asociaciones de municipios diferentes a Cartago, y no tendría en cuenta las de la ciudad que por años se benefician del servicio y derivan del producido el sustento de sus familias.
Si bien la Administración Londoño Zabala logró que en mayo pasado el Concejo Municipal aprobara el Proyecto de Acuerdo que presentó para el establecimiento del Sistema de Estacionamiento Autorizado en las vías, denominado «Zonas Azules» con el fin de recuperar y racionalizar el uso del espacio público, aún el Alcalde no lo implementa.
También se desconoce si la presunción de los accionantes de la tutela tiene fundamento o, si por el contrario, carece de veracidad y se trata más bien de una simple especulación.
Intervención
Como se recordará, la Administración Municipal determinó intervenir las zonas azules debido a la enorme desorganización en sus manejos, las peleas entre los beneficiarios y la falta de resultados en materia de mejoramiento del tránsito y la movilidad.
Es más, en algunas ocasiones se identificaron personas no idóneas para el desempeño de la labor y afloraron muchas otras denuncias sobre malos manejos y otras supuestas irregularidades.
La decisión se da en momentos en que estudios contratados por el gobierno local indican que la oferta de parqueaderos en Cartago para el estacionamiento de vehículos es de solo el tres (3%) de los vehículos que transitan por sus calles, dos en entidades que agrupan personas que cuentan con tratamiento especial.
El abogado demandante recuerda que sus representados están constituidos en entidades que cuentan con tratamiento especial del Estado, tal como lo establece la Constitución Política, por su propia condición de discapacidad.
Advierte también que para poder subsistir dignamente estas fundaciones, han realizado convenios y acuerdos con el Municipio de Cartago que les entregó para su administración estas zonas de parqueo.
Señala, igualmente, que por Ley la población discapacitada debe recibir tratamiento especial y preferencial que les garantice y asegure el ejercicio efectivo de sus derechos como personas, y asegura que anteriores administraciones tuvieron a bien entregarles para su administración las zonas azules sin ningún contratiempo.
Estudio
Dice el abogado Rengifo Parra que a un costo de varios millones de pesos la Administración Municipal contrató un estudio para determinar el futuro de las zonas de parqueo o «Azules» y que este lo realizó una empresa que tiene asiento en una ciudad distinta a Cartago.
Advierte, Rengifo Parra, que el hecho de no renovarles el contrato para la administración de las zonas azules ha sumido en pobreza y desesperación a los discapacitados, puesto que ahora no tienen la manera de llevar el sustento a sus hogares.
Entre los derechos que supuestamente les han sido violados a los discapacitados, el demandante menciona los siguientes: a la dignidad humana, al derecho al trabajo preferencial que debe tener esta población, al trabajo, al mínimo vital y de inclusión.
Pretensiones
Con la acción de tutela los discapacitados pretenden que el Juzgado declare la vulneración de sus derechos fundamentales, y que como consecuencia de ello se ordene la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados por la acción y omisión de los demandados.
De la misma manera, el abogado demandante pide la adopción de medidas y políticas con enfoque de inclusión, real y efectiva, para la población en situación de discapacidad que residen en Cartago.
Así mismo, solicita que se disponga realizar con las fundaciones y asociaciones accionantes y con cualquier entidad sin ánimo de lucro, que entre sus objetivos tenga la administración de las zonas azules, convenio o contrato de administración de estos espacios públicos.
Foráneos
Igualmente, demandan del gobierno local abstenerse de entregar las zonas de permitido parqueo a entidades con domicilio en ciudades diferentes a Cartago.
La Administración Municipal al retomar el debate de las zonas azules, justificó el proyecto presentado al Concejo en hechos como que el parque automotor en la ciudad ha crecido considerablemente en los últimos 10 años, al pasar de 5.400 a 10.863 vehículos particulares, lo que representa un incremento del 100%.
El estudio también hace énfasis en que la crisis de la movilidad en Cartago evidencia una problemática relacionada con la oferta de parqueaderos para el estacionamiento de vehículos.
Cifras
Dice que en Cartago hay 1.200 cupos para parqueaderos públicos, y 300 en áreas comerciales, lo cual es insuficiente en comparación con el número de vehículos rodantes (1.500 cupos para 10.862 vehículos).
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