CiudadRegion.com | Cartago | 09 AGO 2017 – 12:19 am
El cobro de la tasa de seguridad goza de legalidad y no ha sido suspendido por la Superintendencia de Servicios Públicos, porque no es de su competencia. Lo que resolvió esta entidad, fue un recurso sobre un predio que paga $2.000 en promedio mensual, para la seguridad del departamento y sobre el que se solicitó se le suspendiera el cobro.
La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se pronunció luego de recibir la claridad de parte del Superintendente Nacional de Servicios Públicos, sobre la respuesta que emitió su delegado regional a dicho recurso.
Completamente falso que se haya suspendido el cobro, dijo la gobernadora, “no puede suspenderse porque la Superintendencia de Servicios no puede suspender una tasa que es legal y que además no suspendió el Tribunal Contencioso Administrativo que es el que tiene la potestad para hacerlo. Lo que pasó en este caso, según hablé con el Superintendente nacional es que se trató de una resolución expedida por el Superintendente delegado para el departamento, y lo que expresa es que la tasa es legal, completamente legal y se tiene que seguir cobrando”.
Precisó la mandataria, que según el funcionario, “lo que hay que hacer es algunos cambios por parte de Emcali y las demás empresas que están haciendo el recaudo. Tienen que hacer un desprendible, es un asunto más de forma, porque de fondo no tiene absolutamente nada porque la tasa continúa siendo legal”.
La mandataria dijo que se realizarán los ajustes de forma a que haya lugar con las empresas de servicios públicos, que la están cobrando, como sería implementar el desprendible adicional para el pago de la tasa.
“Si hay que hacer el correctivo, de tal forma que sea un desprendible y que no se cobre dentro de la factura, haremos una mesa de trabajo con Emcali y con las demás empresas, pero definitivamente es una cosa de forma y no de fondo”.
Ya se han se han recaudado unos $5.000 millones y se estima recaudar alrededor de $15.000 millones a diciembre de este año, que solo pagan los estratos 4,5, 6, sectores comerciales e industriales, para invertir en la seguridad de los vallecaucanos.
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