La discusión sobre la cadena perpetua para los responsables de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes vuelve a estar en la agenda legislativa de Colombia. Esta iniciativa ha sido impulsada nuevamente por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, tras el trágico caso de Sofía Delgado, una niña de 12 años víctima de violencia sexual en el municipio de Candelaria. El caso ha despertado la indignación de la ciudadanía y el respaldo de congresistas, quienes apoyan la idea de endurecer las penas para quienes cometen este tipo de delitos.
La propuesta de la gobernadora ha sido bien recibida por varios actores políticos, quienes consideran necesario reabrir el debate en el Congreso de la República. La senadora Norma Hurtado señaló la importancia de «retomar y agendar de nuevo» la discusión, especialmente tras los fallos de la Corte Constitucional que afectaron los intentos anteriores de implementar la cadena perpetua. Hurtado enfatizó la necesidad de revisar las penas contempladas en el Código Penal y cuestionó cómo es posible que algunos agresores gocen de libertad condicional mientras están procesados por delitos graves.
Por su parte, el representante a la Cámara, Víctor Manuel Salcedo, subrayó que hechos como el de Candelaria son inaceptables y que «reabrir el debate sobre la máxima pena para violadores» es esencial para prevenir futuros crímenes. Esta posición ha sido compartida por muchos ciudadanos y expertos, quienes consideran que se deben aplicar medidas más severas contra los agresores sexuales de menores.
El debate sobre la cadena perpetua también ha generado una respuesta favorable entre los ciudadanos, quienes expresan su apoyo a medidas drásticas para castigar a quienes cometen este tipo de delitos. Érika Ríos Martínez, madre de familia, expresó: «No tenemos por qué tener piedad con personas que ni siquiera ven esa inocencia en estos pequeños». Además, Ricardo Benavidez, otro ciudadano, destacó que incluso la pena de muerte debería considerarse para personas que cometen actos tan atroces.
Aunque la propuesta ha recibido un fuerte respaldo, algunos expertos señalan que la solución no solo pasa por endurecer las penas. El abogado penalista Jainer Enrique García, docente de la Universidad Santiago de Cali, sugirió que «no solamente es la imposición de cadena perpetua, tendríamos que repensarnos que quizá los comportamientos sociales tienen un problema más de raíz que es estructural», ya que los comportamientos delictivos tienen raíces estructurales en la sociedad. Según García, es fundamental repensar el sistema y aplicar también mecanismos administrativos que aborden las causas subyacentes de estos crímenes.
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En medio del dolor y la indignación por el caso de Sofía Delgado, la gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que su administración estará atenta al desarrollo judicial del proceso, garantizando que el responsable reciba todo el peso de la ley. «Se hará seguimiento al proceso para que se haga justicia», afirmó Toro, comprometida con evitar que crímenes similares continúen ocurriendo en la región.
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