Este lunes el personero de Argelia, Valle, Juan Pablo Giraldo, denunció que en este municipio se vienen presentando una serie de irregularidades frente al proceso electoral del próximo 25 de octubre.
Según el funcionario, hay denuncias establecidas y en manos de la Policía Nacional y el Comité de Garantías Electorales «sobre un concejal del municipio que le pagó el transporte y llevó a por lo menos 40 indígenas de El Dovio (Valle), Pueblo Rico (Risaralda) y San José del Palmar (Chocó) para que realizaran el pasado sábado el proceso de inscripción de cédulas en la vereda La Palma», ubicada a una hora de la cabecera municipal si se va a pie y a 20 minutos en moto o carro.
Se trataría entonces de un caso de transhumancia electoral, delito que según la Registraduría consiste en «inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquél en el que se reside».
Este delito está contemplado en el Código Penal Colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas y puede dar entre 4 y 9 años de cárcel.
A La Palma llegaron miembros del Comité de Garantías Electorales, quienes impidieron la inscripción de cédulas, pues según el Personero, es una irregularidad que pone en riesgo electoral a este municipio del norte del Valle, donde según él «no puede ser que existan más votantes que habitantes».
El señalamiento de Juan Pablo Giraldo se basa en que en Argelia hay 7 mil personas aptas para votar y el municipio solo tiene 6.500 habitantes, «¿o sea que hay más votantes que habitantes y no tenemos niños?».
Frente a este posible caso de transhumancia electoral, miembros del resguardo indígena Bania Chamí, asentados en Argelia hace cerca de 20 años, dicen que no hay irregularidades y que más bien se trata de un atropello a sus derechos.
«Nos sentimos discriminados, no estamos movilizando gente de otras partes, la comunidad que llevamos vienen estando desde hace más de un año dentro de la comunidad, están en el censo» dijo Ronald Gutiérrez, miembro de la comunidad indígena.
El consejero mayor del resguardo, José Ariel Sucre, indicó que allí hay 45 familias y más de 200 personas, entre adultos, niños y jóvenes.
«No sé de dónde sacaron esa información de que alguien pagó para llevarnos y que llevábamos gente de Risaralda, hemos estado investigando esto pero son calumnias de la gente de la administración municipal. Vamos a pasar el caso a la Defensoría del Pueblo» resaltó Sucre.
Finalmente, el personero Juan Pablo Giraldo dijo que «si los indígenas del resguardo así bien lo quieren y de manera espontánea y no coordinados por ningún grupo político ni líder indígena, pueden inscribir su cédula hasta el próximo 25 de agosto».
Fuente: El País
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