Gloria Estella Raigoza aceptó cargos y recibió prisión domiciliaria.
La Fiscalía General de La Nación, indicó en la últimas horas que Gloria Estella Raigoza, quien se desempeñaba como alcaldesa de Alcalá, aceptó los cargos imputados y recibió medida de aseguramiento domiciliaria; la mandataria renunció a seguir al mando de este municipio del norte del Valle.
Según el ente de control, la evidencia obtenida indica que se presentaron actos ilícitos en la celebración de tres contratos, que ascendieron a 4.702 millones de pesos.
Así mismo, se destacan las irregularidades presentadas en el contrato para la construcción de obras de estabilización de taludes en el sector conocido como Bélgica que tuvo un costo de 4.533 millones de pesos. Lo firmado estuvo amparado bajo el decreto de calamidad pública en diciembre del año pasado.
También se investiga la compra de una ambulancia por un valor cercano a los 215 millones de pesos. Además, de un contrato para estudios de riesgo y diseños de obras de estabilización de terrenos por valor de 18 millones.
En consecuencia, por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos a la alcaldesa de Alcalá (Valle del Cauca), Gloria Raigoza.
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Según la La Fiscalía General de la Nación las capturas están relacionadas con la presunta red de corrupción que sería la responsable de la apropiación de parte de los dineros girados a los municipios para cubrir diferentes proyectos de infraestructura o garantizar el suministro de bienes y servicios para la ciudadanía.
De acuerdo con el material de prueba, un senador electo de la República, a través de algunos de sus presuntos colaboradores, lograba que entidades del orden nacional asignaran recursos a las regiones. A cambio, las administraciones municipales al parecer, beneficiaban y direccionaban la contratación a unos aspirantes específicos, quienes pagaban dádivas que presuntamente eran distribuidas entre los partícipes del entramado criminal.
Por estos hechos, han capturado y judicializado a 21 personas por este caso, siete son alcaldes, cuatro funcionarios de diferentes dependencias municipales y 10 particulares. (7 alcaldes municipales, 2 secretarios de planeación municipal, 2 funcionarios de despacho y 10 contratistas), señalados de distintas irregularidades en 47 contratos, cuyo valor total ascendería a 46.305 millones de pesos.
13 de los 21 capturados aceptaran cargos, entre ellos, los alcaldes de Piendamó y Suárez (Cauca), La Merced y Villamaría (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). Estos últimos presentaron renuncia a sus cargos. Los casos detectados ocurrieron en Caldas, Cauca, Valle del Cauca y Tolima.
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La evidencia recopilada da cuenta de que servidores públicos y particulares se habrían articulado para que 12 proyectos de infraestructura, suscritos por la alcaldía y la empresa de servicios públicos municipal, quedaran en manos de unos contratistas previamente definidos. Aquí se comprometieron más de 11.520 millones de pesos que estaban destinados a obras de impacto en el municipio como es la renovación del parque principal. Este proyecto tuvo un costo de 3.856 millones de pesos.
Por estos hechos fueron capturados el alcalde de Piendamó (Cauca), Víctor Hugo Franco Muñoz; los funcionarios de la alcaldía Gisela Vianey Castillo Rosero y Alexander Ortiz Muñoz; y los contratistas Paola Elizabeth Díaz Alvear, Juan Pablo Monteros Velasco, Diego Alexander Arango Díaz y Fredy Urbano Martínez. A estas personas, la Fiscalía les imputó delitos como concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Todos aceptaron cargos. Los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento domiciliaria.
El alcalde municipal, Ronal Villegas Orlas; y la secretaria de planeación Sandra Samara Sarria Erazo, al parecer, incurrieron en supuestas anomalías en la celebración de cuatro contratos por valor de 6.636 millones de pesos. La investigación establece notorias irregularidades en un contrato por valor de 1.047 millones de pesos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio.
Además, se indagó por la construcción de una cancha con grama sintética y graderías que tuvo un costo de 2.625 millones. La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos los cuales fueron aceptados. En ese sentido, deberán cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
La Alcaldía de Aguadas (Caldas) celebró dos contratos por un monto de 1.563 millones de pesos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta Quindío. El objeto era el mantenimiento y la repavimentación de vías terciarias.
Con el presupuesto gestionado se firmaron seis subcontratos para cumplir con las obras que favorecerían a nueve veredas. De esta manera, las actividades contempladas fueron confiadas a contratistas que harían parte de la señalada red de corrupción. En total se investigan 15 contratos por valor de 4.747 millones de pesos.
En los actos ilícitos detectados, al parecer participaron el alcalde de Aguadas (Caldas), Diego Fernando González Marín; y los contratistas Olga Lucía Botero Gómez, Mauricio Alberto Quiceno Cardona, Álvaro Hernán Suárez Brochero, Pablo Andrés Rodríguez Arbeláez y Kristian Andrés Marín Henao. La Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia y enriquecimiento ilícito de servidor público. Los procesados no aceptaron los cargos.
Contratos por un valor de 13.981 millones de pesos fueron entregados en medio de posibles inconsistencias en las fases precontractual y de ejecución. Se trata de contratos para proyectos de impacto social como la construcción de un acueducto veredal por valor de 12.000 millones de pesos; la construcción de canchas múltiples, y el cambio de alcantarillado y pavimentación de una calle principal en el centro de la población, estos dos contratos por un valor de 1.981 millones.
En ese sentido, el alcalde de Villamaría (Caldas), Andrés Felipe Aristizábal fue imputado por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. El mandatario aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento domiciliaria.
El alcalde de La Merced (Caldas), Jhonattan Manuel Vásquez Duque; y la exsecretaria de planeación del municipio, Diana Agudelo Rincón fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
El alcalde habría intercedido en la adjudicación de ocho contratos, cuyo valor superaba los 3.460 millones de pesos, entre tanto la señora Agudelo Rincón habría participado en cuatro. Es así como en el segundo semestre del 2020 se direccionó la construcción de un parque por valor de 691 millones de pesos, la estabilización de taludes en el municipio por 239 millones de pesos y en diciembre del año anterior se realizó un contrato de obra que superó los 1.129 millones de pesos.
Los procesados aceptaron los cargos. En ese sentido, permanecerán privados de la libertad en su lugar de residencia.
Por el presunto desacato de principios esenciales contenidos en las normas que reglan la contratación pública se habrían puesto en riesgo 1.250 millones de pesos, que correspondían a un contrato para una obra de infraestructura y movilidad que adecuaba espacios de esparcimiento, convivencia y la cultura en el municipio.
Por lo anterior, el alcalde de Armero Guayabal, Medardo Ortega Fonseca y la contratista Ruth Piedad Echavarría fueron imputados por delitos como cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
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