El País | Cali | 09 DIC 2014 – 7:48 am
La politiquería, la corrupción y la mala administración de la Industria de Licores del Valle, ILV, en las últimas décadas tienen a la empresa frente a una realidad que es alarmante, pero inocultable: la mitad del Aguardiente Blanco que se consume hoy en el departamento es falsificado.
Mientras los últimos gobernadores ‘negociaban’ en el Palacio de San Francisco al grupo político que manejaría la ILV, dicen los especialistas, el negocio ilegal que empezó en el patio de una casa con un porrón, un embudo y varias botellas vacías creció de una manera, que hoy no solo tiene en jaque la principal fuente de ingresos del Departamento, sino que le arrebató al Valle el monopolio del alcohol y los licores y está fijando unos precios en el aguardiente con los que jamás podrá competir la Industria de Licores.
Lo inexplicable, para algunos, es que ante un panorama tan sombrío los esfuerzos del Valle parecieran encaminados a desmantelar la Oficina de Rentas Departamentales, encargada del control rentístico y la lucha contra el contrabando, mientras el consumo del aguardiente ilegal sigue disparado en los 42 municipios del departamento.
Según el gerente de la Industria de Licores del Valle, Luis Fernando Martínez, este año la empresa venderá ocho millones de botellas y el comercio ilegal pondrá ocho millones más en los diferentes negocios del departamento.
Puesto en cifras reales, mientras el Valle verá reducidos los impuestos de consumo por su producto estrella a menos de $65.000 millones, el mercado ilegal del aguardiente obtendrá ingresos superiores a los $110.000 millones y no le trasladará un solo centavo a la salud, el deporte o la cultura.
Pero, ¿cómo opera el mercado ilegal? ¿Por qué la debilidad en los controles? ¿Por dónde pasa la materia prima? ¿Dónde están los alambiques? ¿Por qué el Valle perdió el monopolio? ¿Por qué tanto silencio? La Unidad Investigativa de El País encontró la respuesta a esos interrogantes.
Nadie vio el elefante
Para producir las ocho millones de botellas de aguardiente que pondrá este año la ilegalidad en los establecimientos del Valle, los falsificadores se apropian de dos millones de litros de alcohol potable de los 78 millones que se importan legalmente de Guayaquil, Ecuador.
Es decir, los falsificadores movilizan el equivalente a 50 carrotanques de 40.000 litros entre ambos países, pero es imposible para las autoridades detectarlos porque todo ese alcohol entra legal al país y a la región.
El delito toma forma en parajes y estaciones de gasolina entre Santander de Quilichao y Jamundí, donde personas como ‘El Químico’, quien por años surtió de alcohol a alambiques en Cauca y Valle, aguardan la única parada extraordinaria que harán los conductores antes de la entrega.
Este personaje contó que con una caneca de 55 galones en la parte posterior de su camioneta, durante tres años se dedicó a esperar en la vía Panamericana la llamada de los transportadores para ‘ordeñar’ los carrotanques, de los cuales extraía hasta 200 litros de alcohol, lo suficiente como para producir 800 botellas de Aguardiente Blanco.
Un agente de ventas de Soderal, la empresa ecuatoriana que vende el alcohol a la ILV, reconoció “algunos líos con conductores que extraen el alcohol aprovechando que el comprador está obligado a recibir hasta el 0,5% menos por posible evaporación”.
“Le chupábamos entre 100 ó 150 litros a cada carrotanque y en ocasiones le agregábamos agua mezclada con un resaltador y se le pagaba al conductor $3000 por litro”, explicó ‘El Químico’, quien cree que el problema “es que el Valle quedó mal ubicado”.
“Mal ubicado” significa que por ser la puerta de entrada al país por el sur y el Pacífico, es el mayor corredor de alcohol potable en Colombia. Solo en el 2013 entraron por Jamundí y Buenaventura 117 millones de litros desde Ecuador y Bolivia, según la Dian.
Lo grave para el Departamento es que ese alcohol carece de controles y de esos 117 millones de litros, más del 67% se quedó en el Valle. Es decir, 78 millones los importó la ILV, que solo utilizó 3 millones para el licor, y el restante, supuestamente, se utilizó para industria, productos alimenticios, cosméticos o los fines para los que algunas empresas lo adquirieron.
‘El Químico’, a diferencia de muchos de los que producen aguardiente ilegal, no lo aprendió a hacer en la propia Licorera del Valle, donde la fórmula es un secreto a voces, sino que fue ‘alumno’ de un ingeniero que vino de la Licorera de Caldas a Buenaventura para enseñar a producir el Blanco del Valle.
Ya con la fórmula aprendida, es fácil entrar al ‘mercado negro del oro blanco’ porque el alcohol bueno, las botellas, las tapas, los sellos y las cajas originales de la licorera se consiguen con facilidad en todo el Valle.
El País logró atravesar el cerco del mercado ilegal en el centro de Cali y comprobó que el reciclaje es el alma del negocio. Un reciclador recibe $50 por cada envase, que luego se lava y se vende a los alambiques o algunas discotecas que pagan $18.000 por el bulto de 80 botellas. A $225 cada envase.
Lo único que escasea por épocas son las tapas, que vienen de Bogotá, aunque en Cali hay sitios que muelen las usadas y troquelan nuevas; pero si no hay tapas se improvisan con la rosca normal y se recubre con el holograma que utilizaba la licorera.
Esa tapa ‘original’ se adquiere por $300 o $400 y las cajas de cartón se consiguen recicladas o marcadas con el sello de la licorera a $500 cada una.
“Es que nos estábamos perjudicando nosotros mismos porque con el otro aguardiente teníamos a la Policía encima, pero haciendo aguardiente bueno, nadie se enferma, nadie dice nada y así ganamos todos”, aseguró Gil, un ‘productor’ ilegal del barrio Santa Rosa, donde un periodista de El País fue testigo de la venta de una caja de Aguardiente Blanco por $80.000; a $6660 cada botella, cuando la caja del producto original tiene un valor de $264.000.
Preocupa a las autoridades locales casos como el de Buenaventura, donde el negocio ilegal estaría conectado con bandas delincuenciales para la producción de grandes cantidades, para el intercambio por droga y para el lavado de dinero.
Datos entregados a El País por la Dirección de la Policía Fiscal y Aduanera detallan que entre el 1 de enero de este año y el pasado 12 de noviembre, se incautaron en Buenaventura 32.365 botellas de aguardiente falsas, por un valor superior a los $740 millones; el doble de las incautadas en Cali.
Tampoco es secreto para quienes están en el mercado del licor que en zona rural de Dagua se produce aguardiente en grandes cantidades, lo mismo que en Palmira, El Cerrito y Cali; además de que en muchos municipios los distribuidores venden el legal, pero también el adulterado.
Incluso, las autoridades identificaron a un exagente de la Policía como uno de los mayores falsificadores en Candelaria. Ante el acoso de las autoridades, el expolicía trasladó el negocio a zona rural de Miranda, desde donde bajaba el aguardiente por el río Cauca hasta Juanchito.
El congresista Heriberto Sanabria aseguró que en el Valle no se ha frenado la venta ilegal de licor “porque hay altísimos intereses de no desmantelar la red de alambiques; de no desmantelar el negocio de licor adulterado, que, según afirman, es hasta mejor que el que produce la licorera”.
De rumba con El Izquierdo
El Izquierdo, Ben 10, Maracuyá, Azulín o Tipo II no son los alias de quienes comercializan el aguardiente ilegal en el Valle; son los códigos con los cuales se debe pedir la botella de aguardiente falsificada en los distintos sitios de Cali.
El País recorrió durante dos fines de semana los barrios del Oriente de la ciudad y comprobó lo fácil que resulta adquirir este producto, sobre todo en casas y en algunos estancos que lo ocultan en bodegas.
Una botella de ‘izquierdo’ en San Luisito o Alcázares se consigue en $10.000; en Villanueva y el Doce de Octubre el ‘Ben 10’ puede llegar a costar $12.000, mientras el barrio La Fortaleza o Aguablanca ‘El Azulín’ o ‘Maracuya’ tiene un valor de $15.000.
Así mismo en El Calvario o Santa Rosa una botella de ‘Tipo II’ se adquiere por $8000, pero el caso más particular es el del llamado ‘Mayonesa’, que venden en el barrio 20 de Julio, donde aseguran que es el Aguardiente Blanco, “pero por la escasez de envases toca empacarlo en el sobre plástico con tapa en el que viene la mayonesa”.
“Estamos compitiendo con un aguardiente que es bueno en unas condiciones de impuestos que nos dejan en desventaja. Hay muchos establecimientos en el Valle que si le venden una botella a $20.000 y otra a $12.000, pues compran la segunda”, reconoció el Gerente de la Licorera.
Sin uñas ni dientes
De acuerdo con Luis Fernando Martínez, el problema con el aguardiente ilegal es que no hay un buen control por parte de la Oficina de Rentas del Departamento. “Rentas no funciona, no tiene dientes; con valor civil lo ha reconocido el Gobernador del Valle y por eso pedimos un cambio de estatuto”.
Basta con conocer el equipo con el que cuenta la Oficina de Rentas Departamentales para fiscalizar el contrabando y el licor adulterado para entender por qué la licorera está al borde del colapso. Este dependencia solo cuenta con 2 personas de planta para atender los 42 municipios y un equipo de contratistas que en el mejor de los casos llega a 18 personas.
Pero este equipo no solo debe hacer frente al contrabando y la falsificación de licor, controla además el contrabando de cigarrillos, la sobretasa a la gasolina, el impuesto de vehículos, el impuesto de registro y el degüello de ganado en todo el Valle.
Con todo y eso, la Industria de Licores eliminó los controles que tenía para evitar la falsificación del Aguardiente Blanco. El último de ellos fue el holograma en la tapa y una molécula en el licor que permitía saber de modo sencillo si una botella era legal o no.
El País contactó a Andrés Ruiz, gerente de la empresa Figurazione, la del contrato del holograma, quien dijo que pareciera que en el Valle el interés es no hacer control. “Por eso el contrabandista y el falsificador están haciendo su agosto y comiendo mercado porque hacer aguardiente es muy barato; lo que la gente paga son impuestos”.
“El Gerente de la licorera decidió acabar el programa y hasta hoy no nos han explicado el motivo o los intereses que tuvo para hacerlo. El hecho es que tampoco nos pagaron, que tienen más de dos millones de hologramas botados en la empresa y nos vimos en la obligación de embargar la industria hace ocho meses”, dijo Andrés Díaz, gerente de la empresa bogotana.
Según el empresario, ellos también tenían un pool de abogados encargados de las denuncias penales contra los capturados por la falsificación del producto, cosa que la ILV no hace, “pero eso como que tampoco gustó en algunos sectores que, extrañamente, están interesados es en que esa gente capturada recuperara la libertad”.
Para agravar la crisis de la licorera, resulta que el taxímetro del embargo, que está por $1500 millones, sigue corriendo y le cuesta cada día a la empresa un millón y medio de pesos por interés causado; noticia que tomó por sorpresa a varios diputados.
El Gerente de la ILV justificó su decisión de acabar con ese contrato con el argumento de que se suponía que con el holograma aumentarían las ventas un 10% y no fue así. “Por eso eliminamos el programa y nos ahorramos $6000 millones”.
El Gerente de Figurazione dijo que “el señor quiere cubrir la inexistencia de labor comercial y operativa con ese argumento; yo le ofrezco seguridad, pero si usted no hace labor comercial, pues no vende. El hecho es que el Gerente de la ILV no tiene ni idea de lo que es la empresa… o de pronto no está tan perdido”.
Julián Henao, quien hasta hace poco estuvo al frente de Rentas, aseguró que “aunque reducido, ese equipo venía trabajando bien y haciendo un barrido del Valle con unos resultados muy positivos”. “En el 2012 solo se hicieron 422 operativos, mientras en el 2014, cuando yo salí, ya íbamos en 2983. Además, cerramos muchos locales, cosa que no pasaba antes”.
No obstante, un productor de licor que pidió omitir su nombre y que viene de otra región del país a vender vinos al departamento aseguró que “la mafia más brava de Rentas en todo el país está en el Valle; aquí todo mundo te pide plata, te ofrecen estampillas por pliegos, las ‘gemelean’ para que usted venda tres y solo reporte una y te ofrecen solución a todo. El verdadero negocio que interesa hoy en el Valle es el del mercado ilegal, que es el que mueve el dinero”.
El congresista Heriberto Sanabria dijo que “si la Contraloría y la Unidad de Rentas no nos ayudan, simplemente asistiremos a la sepultura de la Industria de Licores”.
Sin embargo, las palabras del hasta esta semana director de Rentas, Juan Manuel Obregón, no son muy alentadoras: “Aquí hay una visión errónea porque el papel de Rentas es fiscalizar; no es perseguir el contrabando o el licor falsificado. Ese papel le corresponde a los jueces, la Fiscalía, la Dian, la Sijín o la Policía Fiscal y Aduanera, no a nosotros. Si nosotros nos metemos a hacer un operativo a un bien ajeno, estaríamos prevaricando”.
Pero mientras se ponen de acuerdo sobre el papel que le corresponde a cada autoridad, el negocio ilegal se sigue fortaleciendo y la Industria de Licores está cada vez más excluida del mercado del aguardiente.
Fuente: Unidad investigativa de El Pais.com.co
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