Semana | Bogotá D.C. | 10 MAY 2015 – 8:23 am
Una llamada de la Sijín alertó a Marco Tulio Alfonso para que abandonara la ciudad con sigilo, porque lo iban a matar. Ese mismo día, el entonces subgerente técnico de las Empresas Municipales de Cartago, Emcartago, abandonó su puesto de trabajo y huyó hacia Pereira, Risaralda.
Al cabo de unas horas las sospechas de la Sijín se hicieron realidad. Un operativo de las autoridades a la sede de la empresa de servicios donde funciona la oficina de Marco Tulio develó la existencia de un misterioso paquete con su nombre. El tenebroso envío era un paquete bomba que estallaría una vez lo abrieran.
En las pesquisas de la Fiscalía un testigo clave dio detalles del posible origen del atentado, y cuatro días después capturaron al asesor jurídico de Emcartago, Diego Merino Duque, señalado de ser uno de los autores intelectuales del macabro plan.
Lo irónico es que hoy el joven Merino Duque enfrenta el juicio en libertad, mientras que al señor Marco Tulio, víctima del fallido atentado, lo echaron de la empresa y permanece escondido, porque según él “siguen con la idea de matarme”.
Esa macabra historia sucedió el 14 de noviembre de 2014, en medio del proceso de intervención que desde hace un año inició la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SPD y que busca solucionar la crisis operativa y financiera en la que se encuentra la entidad y arrebatársela a los políticos corruptos que la dejaron en ese estado.
Pero 14 meses después de la toma de posesión de Emcartago por parte de la SPD, el balance es preocupante. En la actualidad esa empresa es objeto de cuestionamientos que van desde la existencia de un presunto carrusel de contratación e irregularidades en los mismos y excesiva burocracia política, hasta atentados criminales.
Sumado a lo anterior, tiene el penoso récord de cinco gerentes que pasaron por la entidad en menos de un año, y el actual agente especial, Harold Arbeláez, es objeto de serios señalamientos en torno a su gestión.
A ese clima tensionante se agrega el delictivo. Desde que la empresa fue intervenida el 18 de marzo de 2014 un empleado fue asesinado, dos heridos tras ser atacados por sicarios y está el reciente caso de Marco Tulio, a quien intentaron matar con un paquete bomba.
La mejor descripción de la presión criminal que rodea a esa empresa la hizo a este portal el primer gerente interventor luego de salir corriendo a los dos meses de ser nombrado por la Superservicios: “era un ambiente bastante oscuro y dodos los días llegaban amenazas de muerte contra los empleados”, aseveró tras pedir anonimato.
Emcartago es la empresa de servicios públicos de Cartago, Valle, un municipio tristemente célebre porque allí se gestó y operó una de las organizaciones mafiosas más temidas y sanguinarias de Colombia: el cartel del Norte del Valle.
Los tentáculos de la mafia también llegaron a Emcartago, una empresa que siempre fue vista como la ‘Joya de la Corona’ del sector público en la región, no solo por la enorme torta presupuestal que maneja ($70.000 millones al año), sino porque al igual que la alcaldía es la gran generadora de empleos; o sea, el coctel perfecto para aceitar maquinarias electorales.
Esas bondades la convirtieron en blanco de codicia de los políticos corruptos, quienes desde hace varios años la usan como su ‘caja menor’ a tal extremo de hacerla inviable y motivar su intervención. Antes de que llegara la SPD la ciudad tuvo que soportar la penosa paradoja de quedarse sin energía en varias ocasiones, porque las electrificadoras le cortaron el suministro a Emcartago por falta de pago.
Este medio investigó las denuncias y a juzgar por las evidencias documentales y testimoniales recopiladas, todo indica que las cosas no han cambiado.
Festín burocrático
Al analizar la nómina (274 empleados) es posible evidenciar que las cuotas políticas (normales en esas entidades) se desbordaron a tal extremo que hay de todos los colores políticos y van desde excandidatos a la alcaldía, asamblea y concejo hasta hermanos, sobrinos, tíos y madres de reconocidos dirigentes de la ciudad.
Para tener una idea del festín burocrático que hicieron con Emcartago basta recordar que el propio agente especial, el tulueño Harold Arbeláez, fue candidato por La U a la asamblea del Valle en 2011 y ‘se quemó’. En la región todos coinciden en afirmar que ahora Arbeláez es cuota política del senador liberal caucano Luis Fernando Velasco. Al respecto el senador aclaró que: “lo conozco y somos amigos, pero no lo puedo considerar una ficha política mía”.
Cuando Harold tomó las riendas de la empresa cartagüeña en septiembre de 2014 trajo consigo a una decena de coterráneos a trabajar a su lado, incluido el hijo de su actual compañera sentimental, que si bien renunció antes de cumplir el mes, alcanzó a figurar en la nómina de la empresa de servicios públicos.
Pero eso no es todo. Emcartago también refugió a otros políticos ‘quemados’ como el exdiputado y excandidato a la alcaldía de Cartago Juan Eccehomo Calimán y la excandidata al concejo Daniela Chalarca Buriticá. También hay parientes de otro aspirante a la asamblea derrotado, el hermano de un exconcejal y hasta la señora madre de uno en ejercicio. (Ver nómina: http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/Documento_426835_20150508.pdf) Cabe aclarar que en ninguno de esos casos se discute el perfil profesional, pero sí cuestionan el origen politiquero.
Ordeñando la vaca
Otra manera de ‘ordeñar’ a Emcartago es a través de la contratación. Solo en 2014 se firmaron 15 contratos por valor de 303 millones de pesos para alquiler de igual número de vehículos -que en promedio se pagaron a tres millones de pesos mensuales- incluido el conductor y combustible.
Lo cuestionable es que esas millonarias gabelas solo recaían en nueve afortunados, y algunos de los vehículos alquilados tenían más de 20 años de uso. Por ejemplo, al hermano del exconcejal Wilson Moncada Galvis le dieron dos contratos que suman casi 37 millones de pesos. Lo curioso es que la camioneta alquilada es modelo 1993 y su valor comercial no supera los 20 millones de pesos.
“Y estamos convencidos de que todos esos carros son propiedad de políticos”, dijo un veedor que pidió omitir su nombre.(Ver contratos alquiler vehículos: http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/Documento_426832_20150508.pdf)
Similares dudas surgieron con la compra de 1.692 medidores de agua por valor de 206 millones de pesos. Cuando muchos de los medidores fueron instalados y cobrados a los usuarios, se dieron cuenta que eran de otra especificación y más baratos. Aunque el contrato se reversó, el tema está en pelea jurídica y aún no se ha recuperado el dinero que se pagó.
El cuestionado contrato se hizo con la firma Alce Suministros e Instalaciones SAS, una empresa hoy registrada en Cali pero que nació en Popayán y cuyos dueños son reconocidos empresarios caucanos. (Ver actas de junta: http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/Documento_426830_20150508.pdf)
Y un reciente informe de auditoría realizado por la Contraloría Departamental y entregado en marzo pasado reportó 28 hallazgos, cinco de los cuales tendrían alcance disciplinario y dos fiscales.
La observación más grave de todas (además de la compra de medidores) tiene que ver con un contrato de ‘transacción’ que Emcartago hizo con la policía, en el que cruzan cuentas de servicios públicos por vigilancia y seguridad, por valor de 104 millones de pesos, “clase de contrato que no se encuentra definido dentro de su manual interno de contratación”, advierte la Contraloría.
Las vendettas
Pero sin duda los episodios más espeluznantes que rodean a Emcartago son los violentos. Desde que la Superservicios intervino esa empresa cuatro trabajadores fueron víctimas de ataques sicariales o atentados y fuentes oficiales que investigan esos casos no descartan que todo esté ligado a temas de corrupción.
El primero fue contra el jefe de sistemas Carlos Andrés Mantilla, un día antes de la intervención. Dos meses después sería contra la pareja de esposos Pablo Emilio Aponte y Teresa Gallo: él era jefe de normalización y murió en el ataque, mientras que su esposa sobrevivió. Ella era subgerente técnica operativa de Emcartago.
Y, para rematar, el miércoles 26 de noviembre del año pasado la Fiscalía capturó a Diego Merino Duque, sobrino del exdiputado conservador Emilio Merino González. Al joven Merino Duque (ex asesor jurídico de Emcartago) lo acusan de ser al autor intelectual del envío del paquete bomba a Marco Tulio Alfonso, para entonces gerente técnico de la empresa. Curiosamente, el mismo cargo que ocupaba la señora Teresa Gallo, la que sobrevivió al ataque sicarial.
Según el reporte de las autoridades, el paquete bomba contra Marco Tulio consistía en una pequeña caja con una granada en su interior, la cual estallaría al abrirse. Un juez revocó la medida de aseguramiento contra Merino Duque porque su abogado logró demostrar que él se encontraba en otro lugar el día de los hechos y gracias a ese argumento enfrenta el juicio en libertad.
Paradójicamente la víctima de ese fallido atentado, el señor Marco Tulio, sigue escondido en el exilio y sin trabajo, porque lo echaron de la empresa a comienzos de este año: era un empleado de libre nombramiento y remoción.
Cuando este portal contactó a Marco Tulio no dudó en asegurar que “me quieren matar y responsabilizo de lo que me ocurra al señor Harold Arbeláez”. Él y Arbeláez eran amigos desde hace diez años. De hecho, ambos trabajaron en Centroaguas, la empresa operadora del sistema de acueducto de Tuluá, y fue el propio Arbeláez quien lo llevó a trabajar a Emcartago.
Hace unas semanas Marco Tulio denunció a su exjefe ante la Fiscalía, porque supuestamente está detrás de otro fallido atentado que le hicieron el pasado 16 de abril, mientras hacía una diligencia en Cartago. “Pese a todo ello, nadie me brinda protección y temo por la seguridad de mi familia”, aseveró.
Habla la SPD
Semana.com confrontó al agente especial de la SPD, Harold Arbeláez, y éste se mostró sorprendido por los señalamientos. “Emcartago en antaño fue una vaca gorda que dio leche y ahora está intervenida debido a los malos manejos y constantemente recibo amenazas de muerte cuando hacemos inspecciones a centros comerciales o conjuntos residenciales”, aseveró. Sobre el presunto plan para matar a su amigo y que lo involucra a él, dijo que todo está en investigación.
Defendió su gestión aclarando que recibió una empresa con muchos problemas: “las pérdidas en energía superan el 50 por ciento y en acueducto es mayor al 40 por ciento”. Negó que la nómina esté compuesta por cuotas políticas, aclaró que la rotación de personal obedece al vencimiento de contratos y reconoció que vinculó a una decena de personas cercanas, oriundas de Tuluá.
En cuanto a la compra de medidores de agua precisó que la irregularidad “fue advertida por nosotros y estamos gestionando el cumplimiento de la póliza de garantía”. Admitió el desmedido alquiler de vehículos, “por eso hoy solo tenemos cinco contratos y muy pronto se cancelarán todos porque reactivaremos el parque automotor propio de Emcartago que es de 12 carros”.
Lo paradójico es que todos esos cuestionamientos surgen justo ahora que la actual Superintendente de Servicios Públicos es una cartagüeña que en el pasado hizo parte de la junta directiva de Emcartago. Se trata de Patricia Duque Cruz, una administradora de empresas, esposa del también cartagüeño y reconocido comentarista radial de ciclismo Héctor Palau Saldarriaga.
Este portal consultó con varias fuentes en el Congreso y la mayoría de senadores coincidieron en asegurar que la señora Duque llegó a la SPD avalada por el partido Liberal, al cual pertenece Álvaro Carrillo, alcalde actual de Cartago.
No obstante, ni su poder como cabeza de la Superservicios y mucho menos su arraigo con la ciudad de la empresa que intervino fueron suficientes para que en un año después de la toma de posesión de Emcartago ésta deje de ser la ‘caja menor’ de políticos corruptos.
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