Una auditoría regular de la Contraloría Departamental al Hospital Universitario del Valle para la vigencia 2015 ratificó las denuncias de la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, sobre el grave problema de facturación y contratación en esta institución.
De una cartera acumulada de $219.041 millones solo el 3,67 % está en cobro coactivo, $51.255 millones no están contabilizados y $32.924 millones son glosas aceptadas, es decir, que las Eps no pagarán, señaló el contralor departamental, José Ignacio Arango al presentar los resultados desfavorables de la auditoría.
El ente de control que le dio una calificación de 45,5 puntos sobre 100 al HUV, encontró un presunto detrimento patrimonial de más de $123.783 millones.
Pero lo más grave, según el contralor Arango, se presenta en el tema de facturación, lo que complica más la situación del centro asistencial que atiende a cerca de un millón de usuarios de los regímenes subsidiado, contributivo, no asegurados y en otras condiciones.
“El tema de facturación es un desorden absoluto, lo que nos muestra es que por ahí se están perdieron la mayoría de recursos. Desde que inicia el proceso de facturación hasta el tema de cobro coactivo se ve afectado por el mal proceso de facturación”, dijo el contralor Arango, quien agregó que conoce que la Gobernadora del Valle, como presidenta de la junta directiva del HUV, está implementando medidas al respecto.
Aclaró que la vigencia auditada corresponde al 2015 por lo que no hizo referencia a la situación en lo corrido del año.
El ente de control encontró, además, en el componente financiero diferencias en los saldos de cartera dentro de la entidad, cobro coactivo ineficiente de la cartera, activos fijos sobre y subestimados, entrega de recursos a terceros y anticipos y avances a acreedores, y saldos por cobrar de arrendamiento.
Tras la auditoría que terminó con un informe de 400 páginas, el ente de control reportó 83 hallazgos, 30 de carácter disciplinario, 10 fiscales y seis de connotación penal. Entre ellos, se encuentra la contratación sin argumentos, que la semana pasada llevó a que se cayera una ‘escalera’ laboral de 61 puestos de diferente nivel.
“Según lo que conversé con la Gobernadora esta situación de esa planta de cargos se está corrigiendo. Tengo entendido que hicieron una resolución y acto administrativo devolviendo esos encargos. La Contraloría en este informe está dejando unos hallazgos de connotación disciplinarios y esa parte corresponde ahora a la Procuraduría”, dijo el Contralor Departamental.
En este punto el contralor Arango agregó el hallazgo de contratos con asociaciones sindicales y fraccionamiento de contratos sin justificación.
Citó como ejemplo 42 contratos sindicales celebrados en las vigencias anteriores. “Se tomó muestra de 21 contratos y el valor de esa muestra es de $10.840 millones. Alcanzamos a revisar el tema de control y el concepto es desfavorable por la manera como se realiza la contratación”, dijo el representante del ente de control.
Así mismo, durante la presentación del informe se señaló que el ente de control estará atento al desarrollo de un cobro por $120.000 millones correspondiente a la población no asegurada, cuenta que será analizada con la Secretaría de Salud.
Fuente: Patricia Aley
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