El País | Cali | 13 ABR 2014 – 11:08 am
La denuncia que hizo un ciudadano en diciembre del 2013, en la Contraloría del Valle, ha sido clave en las investigaciones por el presunto desfalco en las rentas del Departamento, el cual fue revelado esta semana por el Gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado.
El Mandatario habló de un detrimento de $100.000 millones, pero en realidad nadie sabe la magnitud de los recursos que, por concepto de impuestos, no han entrado a las arcas regionales y, que por el contrario, se han ido hacia otros bolsillos.
Las investigaciones avanzan y en una semana se tendrá el primer informe de los posibles responsables de las irregularidades. Hasta ahora se han encontrado 70 casos con inconsistencias en el pago del impuesto de registro (este se produce cuando una persona vende un bien inmueble), sin embargo, falta mucho por evaluar ya que según dijo el mismo Gobernador, esto venía pasando hace más de una década.
¿Cómo actúan?
Para liquidar el impuesto de registro todo ciudadano debe ir a la sede de la Gobernación con la escritura respectiva, allí se le entrega la boleta fiscal y con este documento puede hacer el pago. Cuando se trata de grandes montos este impuesto debe cancelarse con un cheque de gerencia a nombre de la fiducia que maneja los recursos del Departamento. Esta consignación se hace en el banco con el que el Valle tiene convenio.
en los casos estudiados, ese cheque nunca ingresa a la fiducia, es decir, los dineros no entran a las arcas departamentales
Los investigadores han encontrado que el contribuyente de ‘buena fe’ hace este proceso y recibe la boleta fiscal con el sello del banco (no hay timbre de la caja) y para él queda cancelado el impuesto. Pero, en los casos estudiados, ese cheque nunca ingresa a la fiducia, es decir, los dineros no entran a las arcas departamentales.
La denuncia del ciudadano, que dio origen a las investigaciones, nació por el intento que hicieron terceros de cobrar el cheque con el que había pagado el tributo. “La jugada” de quienes vienen participando en este ‘negocio’, es que no reportan ese ingreso y al final del día anulan la boleta fiscal correspondiente y es como si nunca hubiese existido nada. El Departamento a su vez no se entera que un contribuyente hizo un pago y que este se perdió.
El mismo secretario de Hacienda, Juan Manuel Obregón, reconoció que había inoperancia de la administración para hacer control a estos procesos, por “el atraso tecnológico”, pues hoy no existe una conexión en línea entre la Gobernación, bancos, notarías y la Oficina de Registros Públicos.
Para la Contraloría del Valle, que indaga casos desde el 2011 en adelante, es difícil determinar la magnitud del fraude porque en muchos casos no se puede contrastar la información, ni hay forma de hacerle seguimiento a la misma o señalar directamente a los implicados, por eso califican el cobro de la boleta fiscal como un “sistema paquidérmico”.
La validación de la información que hoy hacen los investigadores es manual. Toman la boleta fiscal y comparan con la información que hay en el sistema SAP (software que usa el Departamento). En esta labor se ha encontrado que no hay coincidencias entre el documento físico y los datos en el SAP, por ejemplo, aparecen nombres diferentes y montos a pagar distintos.
Se teme que en todos los casos en los que han encontrado esas inconsistencias, y que ha sido en especial en transacciones donde el contribuyente tenía que pagar sumas importantes ($200 millones, $500 millones del impuesto), el dinero haya tomado un destino diferente al de las arcas del Valle. Una parte del monto del detrimento ya lo tiene estimado la Contraloría, pero se revelará cuando publiquen su investigación.
Más casos en automotores
El año pasado la Unidad de Rentas de la Gobernación del Valle inició el proceso de fiscalización para efectuar el cobro coactivo de aquellos contribuyentes que en los últimos años no pagaron el impuesto automotor.
Se empezó la revisión de las vigencias del 2008 y 2009 y eso dio origen a múltiples emplazamientos que comenzaron a llegarles a los propietarios de vehículos que durante esos años no pagaron el tributo.
Uno de los primeros hallazgos de este trabajo fue que además de los miles de omisos, es decir, personas que no habían cumplido con la obligación de pagar el tributo, había 60.000 declaraciones de la vigencia del 2012 que tenían algún tipo de error, y 1300 del 2013 con inconsistencias, ya sea en el porcentaje con el que se liquida el impuesto o en el valor del vehículo, lo que redunda en un menor pago del gravamen.
Por ejemplo, los vehículos de alta gama pagan el 3,5 % del valor comercial, pero en la revisión realizada encontraron casos liquidados con el 2,5 % ó el 1,5%. “También en lugar de hacer una liquidación por un vehículo de $60 millones, lo hacían por $10 millones y aplicaban la tarifa mínima de 1,5 %, estaban disminuyendo la base gravable”, explica José Alonso Cruz, director de la Unidad Especializada de Rentas.
Pero con el impuesto automotor hay otras investigaciones en curso que tienen que ver con las caducidades del tributo, por la falta de gestión para cobrarlo, y por presuntas irregularidades que son motivo de indagaciones por parte de los entes de control y que tienen que ver con procesos de cobro iniciados, pero que luego quedaron ‘olvidados’.
Por ahora la Gobernación está a la espera de los resultados preliminares de las investigaciones. Hacienda del Valle dice que todo lo que se ha encontrado hay que sopesarlo, mirarlo en profundidad antes de dar un veredicto final, y en especial resalta el secretario Juan Manuel Obregón, que se están tomando los correctivos para evitar que siga el desangre a las finanzas.
Ana Lucía Villa, directora de la Dirección de Apoyo Fiscal, del Ministerio de Hacienda, que le hace acompañamiento a las finanzas del Departamento, dice que defraudar los recursos públicos no solo implica a los servidores, sino también los contribuyentes.
“Para mi es difícil poner esto en retrospectiva, hemos encontrado una cartera de impuestos que está prescrita, la Secretaría de Hacienda ha sido una entidad marginal, porque esta es una Gobernación cuya fortaleza por muchos años fue la actividad política y no la buena administración del Departamento”, comentó.
El año pasado ingresaron al Valle $517.808 millones por concepto de recaudo de impuestos, pero nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero adicional se fue a otros bolsillos.
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