En el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, la crisis económica golpea con fuerza a los comerciantes del centro, quienes reportan hasta un 80% de disminución en las ventas como consecuencia directa de los recientes cierres viales decretados por las autoridades locales. La medida, adoptada como parte de un plan de contingencia frente a posibles hechos violentos, ha generado un profundo malestar entre los empresarios que ven en el cierre de las calles más transitadas, una amenaza directa a su sostenibilidad y al empleo en la zona.
Cierres por seguridad, pero con alto impacto económico
Los bloqueos se implementaron a través de un decreto de la administración municipal de Tuluá, luego de los atentados ocurridos los días 4 y 5 de junio. Estas acciones incluyeron el cierre de la carrera 25, en el área de la Alcaldía y frente a la Fiscalía (entre calles 27 y 28), así como de otras vías estratégicas como la calle 25 entre carreras 26 y 24, y la carrera 24 entre calles 24 y 26.
Aunque a partir del lunes 9 de junio se modificó parcialmente la medida —manteniendo el cierre frente a la Fiscalía de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.— los comerciantes aseguran que la afectación ya está hecha.
“En un alto porcentaje, en un 80%, si no es más, dependemos del flujo de vehículos… si hay cierre de vías, no transitan, entonces tampoco hay ventas”, explicó Héctor León, de Natural Do Terra y Tienda Naturista Mundo Verde.
Voces de inconformidad: más de 450 empleos en riesgo
La situación es crítica: según estimaciones de los propios empresarios, más de 450 empleos estarían en riesgo en la zona céntrica de Tuluá. A esto se suma el alto costo de los servicios públicos y la falta de alternativas viables para garantizar la seguridad sin afectar la movilidad.
“Cada que hay problemas de seguridad cierran las vías con vallas. No hay alternativas en seguridad”, expresó José Luis Cubillos, propietario de JC Máquinas.
Por su parte, Julián Díaz, de Papelería Canela, señaló: “No están pensando en las personas que están perjudicando”.
Reacciones del Gobierno local
Frente al creciente descontento, el secretario de Gobierno de Tuluá, José Martín Hincapié Álvarez, justificó las medidas indicando que las mismas fueron activadas como respuesta a un plan de intervenciones criminales tras decisiones del gobierno central.
“Fue así como se adoptaron medidas de orden público, entre ellas el cierre de algunas vías. […] Las medidas que se han adoptado en Tuluá han arrojado un balance positivo frente a los hechos sucedidos en distintas regiones del país”, señaló el funcionario.
Si bien reconoció el impacto sobre el comercio, recalcó que la prioridad sigue siendo la seguridad ciudadana, afirmando que no bajarán la guardia ante la amenaza de grupos criminales, incluidas las disidencias de las FARC.
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Los comerciantes piden alternativas y soluciones sostenibles
Los comerciantes del centro de Tuluá han manifestado abiertamente que no están en contra de las medidas de seguridad, pero exigen alternativas sostenibles que no incluyan el bloqueo constante de vías. Denuncian que los cierres no solo se dan por hechos violentos, sino también cuando hay consejos de seguridad, visitas de funcionarios o marchas.
“Esa es la petición respetuosa que hacemos: que se estudien opciones que protejan a la ciudadanía sin acabar con nuestros negocios”, afirmaron.
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